Hay noticias que no sorprenden, pero que deberían hundirnos en la vergüenza nacional. Lo ocurrido recientemente en Cajamarca —donde una discusión política entre dos adultos mayores terminó en tragedia— no es un hecho aislado ni un arrebato fortuito. Es un síntoma. Quizá la señal más cruda de nuestra descomposición: cuando el fanatismo reemplaza a la razón, el desacuerdo deja de ser un ejercicio democrático para convertirse en una sentencia de muerte.
Un hombre de 79 años segó la vida de otro de 84. El detonante, según los reportes, fue la fricción de dos bandos irreconciliables: la simpatía por Álvaro Uribe frente al respaldo a Iván Cepeda y Gustavo Petro. En ese rincón del Tolima no hubo espacio para el matiz ni para la tregua que exigen los años; solo hubo lugar para la violencia.
La pregunta que nos asfixia no es qué pasó, sino por qué nos negamos a dejar de ser este país.
Colombia es una nación que parece condenada a un eterno retorno. Ya hemos estado aquí. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 no solo desató el «Bogotazo», sino que institucionalizó la carnicería bipartidista de «La Violencia», donde el color de un trapo —rojo o azul— determinaba si un campesino amanecía vivo o decapitado. Décadas después, el exterminio de la Unión Patriótica nos recordó que aquí la diferencia se castiga con la desaparición. No fueron episodios aislados; fueron las metástasis de una misma enfermedad: la de convertir al contradictor en un enemigo existencial al que hay que anular.
Esa lógica de trinchera no ha desaparecido; solo ha mutado de nombres. Los magnicidios de Luis Carlos Galán, de Álvaro Gómez Hurtado y, con un doloroso eco de actualidad, el de Miguel Uribe Turbay, son recordatorios de que en Colombia la política ha sido, con demasiada frecuencia, una actividad de alto riesgo. Hemos perfeccionado el arte de eliminar al que brilla o al que estorba, olvidando que una democracia que se alimenta de mártires es, en realidad, una democracia moribunda.
Lo más alarmante es que seguimos abonando el terreno. El lenguaje no es inocente. Cuando desde los atriles y las redes sociales se habla de «exterminar», cuando se deshumaniza al oponente llamándolo «plaga» o «traidor», se está dando el permiso moral para que el ciudadano de a pie empuñe el arma. La violencia física es solo el último eslabón de una cadena que comienza con el adjetivo incendiario. Es un proceso lento, casi imperceptible, que termina por normalizar lo inaceptable hasta que la muerte nos parece un argumento válido.
Lo de Cajamarca no empezó con el ataque . Empezó mucho antes: en las tertulias cargadas de bilis, en los discursos que apelan a las vísceras y en la peligrosa idea de que el otro no merece existir políticamente.
La democracia no nos exige amarnos, ni siquiera estar de acuerdo. Nos exige, como mínimo ético, aceptar que la vida del otro es el límite sagrado de nuestra opinión. Cuando ese pacto mínimo se rompe, como ocurrió entre estos dos ancianos que sobrevivieron a casi un siglo de historia para terminar matándose por un titular, todo lo demás queda en riesgo.
Colombia ya ha pagado una cuota de sangre demasiado alta como para seguir jugando con la candela del fanatismo. Lo ocurrido en Cajamarca es un espejo incómodo que nos devuelve una imagen aterradora: la de un país que aún no comprende que el odio, cuando se vuelve costumbre y se hereda como un dogma, siempre termina pasando la cuenta en la mesa más cercana.
Por: Andrés Leonardo Cabrera Godoy
Editor General.
A La Luz Pública – Noticias de Colombia La fuerza de la verdad