Cinco años después de que estalló ese escándalo, que en su momento llevó a la más grande purga militar en la historia del país, la Fiscalía busca determinar si las ejecuciones hicieron parte de una estrategia sistemática.
Por orden del fiscal Eduardo Montealegre –quien considera que la impunidad en los ‘falsos positivos’ puede dar pie para que la Corte Penal Internacional entre a Colombia–, la prioridad no es mirar casos aisladamente sino buscar posibles conexiones a lo largo del país.
Una de las hipótesis que pesan más para la Fiscalía es que, más allá de lograr medallas, permisos y recompensas con los ‘falsos positivos’, en varias regiones pudo haber un plan para “legalizar” como bajas de la Fuerza Pública asesinatos cometidos por los paramilitares.
Basada en las confesiones de oficiales y suboficiales condenados ya por esos procesos y en las versiones de varios jefes paramilitares, la Unidad de Derechos Humanos compulsó copias a la Unidad delegada ante la Corte Suprema, que es la competente para investigar a los generales de la República. Hasta ahora, las investigaciones solo han llegado hasta el rango de coronel.
La lista la completa el general Henry William Torres Escalante, por la compulsa de copias que hizo un juzgado de Paz de Ariporo (Casanare) al condenar a 22 años de cárcel al teniente Marco Fabián García por el asesinato del campesino José Mendivelso.
A él lo obligaron a vestir un uniforme de Policía y a calzarse botas antes de ser asesinado y presentado como un supuesto guerrillero del Eln. En el proceso, uno de los militares que participaron en la operación dijo que su comandante, el ahora general, “sabía de todos los ‘falsos positivos’ ”.

Torres, quien es el comandante de la Quinta División del Ejército, se abstuvo de referirse al caso.
La Quinta División del Ejército, tiene jurisdicción en los departamentos de Tolima, Huila y Boyacá. Su comando y oficinas principales están ubicadas en la ciudad de Ibagué.
Tomado de El Tiempo.