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Julián Prada anuncia una tutela contra fallo que lo sacó del cargo.
En diciembre de 2016 se conoció la confirmación por parte del Consejo de Estado de la sentencia de primera instancia que decretó la inhabilidad de Julián Prada por haber tenido contratos con el Incoder menos de un año antes de su elección como personero de la capital tolimense.
Y mientras el Concejo gana tiempo con la realización de un nuevo concurso, y mantiene las cuotas de contratistas en la dependencia, para acabar de enredar las cosas, Prada anunció la radicación de una acción de tutela por supuesta vulneración a sus “derechos fundamentales”.
La tutela fue aceptada por la sección primera del Consejo de Estado que deberá pronunciarse de fondo sobre el tema.
Lo insólito es que Julián Prada, abogado y que en la actualidad adelanta un doctorado en Derecho, salga a desconocer la sentencia de un alto tribunal, anunciando con argucias que se le violaron derechos al trabajo a la justicia y a la igualdad. Arroja muchas luces este proceder sobre el ejercicio del litigio ‘profesional’ del señor Prada
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Similar situación ocurre con el Concejo y el fallo que decretó la inhabilidad del contralor Ramiro Sánchez, por haber ejercido como director de la Esap. El Cabildo ha dicho que no va a posesionar a Marcela Jaramillo y que se recurrirá a un recurso de aclaración ante el Consejo de Estado para impedir la llegada de la funcionaria que ganó el concurso en el ente de control.
Irónicamente, varios concejales son abogados, y algunos, como Camilo Delgado o Jorge Bolívar, ejercen o han ejercido la docencia universitaria en centros de educación superior de Ibagué. Mal ejemplo de ética, y de acatamiento a los mandatos judiciales les están dejando a sus estudiantes estos dirigentes políticos devenidos ahora en educadores, formando con pésimos espejos a las futuras generaciones de abogados.
