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Saltan suspicacias en entrega de contrato de más de $2.400 millones.
Una oficina de abogados de Ibagué, ‘West Lawyers’, a cargo de Luis Felipe Aranzalez Bravo se dio a la tarea de hacer revisión pormenorizada a las licitaciones públicas que salgan del gobierno del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, pretendiendo demostrar “que la administración con todo el corazón, que parecía algo diferente, está utilizando los mismos pliego de condiciones en las licitaciones que publicó el gobierno de Luis H.”, refirió el abogado Aranzalez.
La primera invitación pública en analizar se trata de la número 012 del Ibal, cuyo objeto es la ejecución de obras civiles para la optimización y recuperación de las redes de acueducto para garantizar la continuidad del servicio por parte de dicha empresa, y cuyo costo es de 2.482 millones de pesos, y cuyo cierre de proceso se hará el próximo 17 de febrero.
En las observaciones formuladas se indica que los pliegos de dicha invitación coinciden con los de la administración de 2015, publicados en la Alcaldía de Luis H. Rodríguez, en donde solo se presentó un proponente que fue el ‘Consorcio 2R’, integrado por los ingenieros Jorge Iván y Edwin Riaño James.
Los pliegos de la invitación 012 parecen demostrar una división entre experiencia general y específica, hecho que carece de sustento jurídico y técnico que la respalde. En el mismo, aparecen contradicciones con el propio manual de contratación del Ibal, como factores habilitables.
Y algunas cosas que llaman la atención de los observadores en la propuesta es que los proponente que cumplan con los requisitos de la experiencia hayan ejecutado los contratos en una ciudad capital que tenga más de 400 mil habitantes, como si este hecho fuera un objetivo para desarrollar actividades de ejecución de obras civiles para la utilización y recuperación de las redes de acueducto.
Dice el abogado Aranzalez “que estas condiciones son irracionales y carecen de cualquier fundamento objetivo o parámetro legal que le dé justificación, por el contrario se erige como una exigencia ilegal”.
En el portal del Ibal aparecen publicadas más observaciones al mismo proceso, entre ellas las de Constanza Calderón, Eduardo Cabrera Dussán, Diana Gutiérrez y Jorge Rodríguez, que coinciden con lo expresado por el abogado Aranzalez.
A lo anterior se suman denuncias en contrataciones del año anterior en el mismo Ibal, como la de emergencias de alcantarillado y la de construcción del colector El Sillón, que fue adjudicada a una firma bogotana y la interventoría, a una firma de la costa norte de Colombia.
Girón, ¿el socio oculto del Portal de San Gabriel?
En un año largo de gestión en el cargo, las polémicas han rodeado al gerente del Ibal, Alberto Girón. Primero, defendiéndose de una inhabilidad que le generó una sanción de la Contraloría que le impuso una sanción pecuniaria, hasta el año 2020. Pese a ello, fue posesionado.
Y en 2016 se denunciaron licitaciones amañadas hacia firmas de la Costa norte, en detrimento de las firmas de ingeniería tolimense.
Para rematar, medios locales denunciaron que Alberto Girón fue empleado de la Constructora Ávila, la firma que adelanta la construcción del Portal de San Gabriel, apartamentos para periodistas de Ibagué, y que es cuestionada por el incumplimiento de millonarias obras en el departamento de La Guajira.
Girón, aparece en un acta del año 2011, como director de ingeniería del proyecto, en una reunión que se realizó entre funcionarios de la Alcaldía de Ibagué y de la Gobernación del Tolima.
Las obras del Portal, que fueron selladas y sobre las que hay polémica por la cesión del lote, también fueron noticia en los últimos días, luego que se informara que el Ibal estaría recibiendo las redes de alcantarillado de la obra sin respetar las etapas de entrega, según informó Andrés Hurtado, secretario de infraestructura del Tolima.
