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AUC / foto: AFP

10 años de la muerte de alias ‘Daniel’: verdades del conflicto que no se resolvieron

Caletas de Daniel
Fotoilustración

Con el deceso del jefe del Bloque Tolima se perdió parte de la memoria de las víctimas.

Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, murió un 22 de junio de 2008, cuando se encontraba detenido en la cárcel Picota de Bogotá. El dictamen sobre su deceso arrojó que había sido envenenado con cianuro.

Una década después del hecho, no solamente no se conocen sus responsables, sino que tampoco se ha esclarecido el papel que jugaron las autodefensas en el Tolima, no se han contado hechos claves sobre la connivencia de autoridades civiles, policiales y militares, al igual que de empresarios con el grupo al margen de la ley.

Hace algunos meses incluso se ventiló que adelantaba un operativo de búsqueda, por parte de particulares, de bienes o una caleta que alias Daniel había enterrado en una finca cercana a la capital tolimense.

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Según la página Verdad Abierta «Daniel’ era un teniente retirado del Ejército que decidió ingresar a las filas de las autodefensas de Córdoba y Urabá en 1999. Desde entonces se convirtió en uno de los hombres de confianza de Carlos Castaño, en algunos casos fue el encargado de abrir nuevos frentes paramilitares en el país.

De acuerdo con la investigación que adelanta un fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo, alias Daniel Boom estaba relacionado con Wilber Varela, alias ‘Jabón’, y Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’ para prestarles seguridad a cambio de apoyo económico para el Bloque Tolima del cual era líder.

En su versión libre del 3 ,4 y 5 de diciembre de 2008 ante la fiscal de Justicia y Paz, María Patricia Meza González ‘Daniel’ contó que recibió la orden de comandar el bloque Tolima, una fuerza de apoyo de Carlos Castaño que en poco tiempo consiguió apoderarse de los municipios de Piedras, Líbano, Lérida, Ibagué, entre otros.

El Bloque Tolima surgió entre 2000 y 2002, como resultado de la unificación de varios bloques paramilitares como el de Ramón Isaza en el Magdalena Medio y el Bloque Centauros a cargo de Martín Arroyave. Este grupo paramilitar tuvo influencia en prácticamente todo el departamento y las autoridades consideran que fue el responsable del repliegue del frente 21 de las Farc y algunos reductos del Eln y el Erp. En el norte del departamento, en el corregimiento de Las Delicias, en Lérida, tenía su base de operaciones”.

El Bloque Tolima se desmovilizó en octubre de 2005 y se tienen registradas 770 víctimas, en el sistema de Justicia y Paz, pero se presume que sean muchas más. En los próximos días se estaría realizando en Ibagué un acto de perdón colectivo de exintegrantes de ese grupo.

Gracias a confesiones de exparamilitares se abrió el capítulo de la para política en el Tolima donde fueron condenado excongresistas y exalcaldes por brindar presunto apoyo financiero y dejar operar a reductos del Bloque Tolima de las Auc, pero a juicio de los conocedores del tema político faltan dirigentes que pasaron de agache en el escándalo o cuyas evidencias no fueron lo suficientemente sólidas como para lograr una condena en los estrados judiciales.

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Parapolítica de alcaldes no fue la misma de los congresistas

El fenómeno de la parapolítica, ventilado en 2007 en el Tolima, tuvo varios matices y hechos, que conviene analizar. Uno de ellos, los vínculos probados que sostuvieron los alcaldes de varios municipios: Efraín Ricardo Acosta (San Luis), Gonzalo García Angarita (Valle de San Juan), Gustavo Vásquez (Guamo); quienes apoyaron con recursos a los paras, o por lo menos no los denunciaron abiertamente, y les permitieron operar con cierta autonomía en sus poblaciones. Todos ellos fueron condenados por los jueces, sin reparo alguno a estas decisiones.

Pero una mirada distinta debe darse a la parapolítica endilgada a los congresistas, y que permitió la condena de dirigentes locales como Luis Humberto Gómez Gallo o Javier Ramiro Devia. Casi con los mismos testigos y similares hechos, la Corte Suprema de Justicia absolvió o archivó los procesos de Carlos García, Pompilio Avendaño, Jaime Yepes, y Emilio Martínez.

En el caso de Gómez Gallo, se le elevaron cargos adicionales por presuntos nexos con el narcotraficante alias el ‘Socio’, mismos que la Corte fundó en las declaraciones de Robinson Guilombo, quien aparecía condenado por Falso Testimonio, en un proceso por homicidio. La Corte dijo al respecto, que el falso testimonio había sido en otro proceso, y no en el de Gómez Gallo, donde sí se le concedió plena credibilidad.

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