Infibagué se rajó en auditoría de la Contraloría Municipal

Funcionarios deberán responder por ejecución poco clara de recursos.

Cuatro hallazgos fiscales que superan la suma de los tres millones de pesos, cuatro penales, 18 disciplinarios y 22 administrativos, fue el resultado del informe preliminar de auditoria regular realizado por la Contraloría del municipio, al Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, Infibagué, durante la vigencia 2018.

En el extenso documento obtenido en exclusiva por este medio de comunicación, se aprecian un sin número de irregularidades detectadas al interior del instituto descentralizado.

A esta redacción, le llamó la atención el concepto desfavorable, emitido por los investigadores del ente fiscalizador, en lo que corresponde al control fiscal y de gestión; hecho que significa la mala gestión administrativa, en especial en lo financiero (contable y presupuestal), adelantado por Yolanda Corzo Candía, como gerente de la entidad estatal.

Estados contables: en este punto, el grupo auditor del ente investigador, identificó que la dependencia dirigida por Corzo Candía, bajo la supervisión del alcalde de la ciudad Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene sus estados contables con pésimos indicadores, mala gestión que arrojó una calificación de 0,0 lo que para entendidos en la materia, es un mal augurio para el instituto descentralizado.

Esta delicada situación, se derivó luego de establecerse los saldos exorbitantes reflejados en las cuentas por cobrar por concepto de adjudicación de locales en las diferentes plazas de mercado de Ibagué, como también la no inclusión dentro de la contabilidad del Instituto con lo correspondiente a locales ubicados en el Centro Comercial Chapicentro.

Ante este hecho, el grupo auditor liderado por Ariel Augusto Medina, como cabeza visible de la Contraloría local, dio un concepto desfavorable, adverso o negativo sobre el particular.

Gestión contractual: en este ítem, la Contraloría de Ibagué, detectó hallazgos con incidencia penal en el Infibagué, ya que al parecer se realizaron contratos sin el lleno de requisitos, debido a la extemporaneidad en la expedición de pólizas de garantías. De igual forma, existió debilidad en la trascripción de minutas contractuales, evidenciándose encabezados de otros convenios que nada tienen que ver con el objeto contractual.

Además el grupo auditor constató, que existió anomalías en el pago de estampillas pro anciano y pro cultura por parte de los contratistas del instituto descentralizado. Asimismo, hubo debilidad en el recaudo del pago de contribución, en especial en contratos de obra pública.

Pero como si esto fuera poco, en el informe se denotó, que se presentaron inconsistencias en los requisitos de los estudios previos frente a las obligaciones contractuales. Se descubrió debilidad en la no aplicación de descuentos de retención de ICA y sobretasa bomberil en los contratos.

Se demostró, la publicación extemporánea en el Secop, inconsistencia entre actividades del RUT frente al objeto contractual, debilidad en las labores de supervisión al no verificarse el cumplimiento de pago de aportes al sistema general de seguridad social, debilidad en las labores de supervisión que conllevan al pago de conceptos no aceptados por la ley tales como A.I.U., en contratos de prestación de servicios, entre otras falencias.

Con este panorama lo que sigue es una imputación fiscal contra los funcionarios responsables de permitir este desorden administrativo, financiero y contable.