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El debate sobre la seguridad en el Tolima no admite eufemismos ni lecturas cómodas. El cierre de este año deja un panorama complejo, fragmentado y exigente, donde convergen estructuras criminales de distinto origen, economías ilegales consolidadas y una disputa silenciosa por el control del territorio y la influencia política con miras a las elecciones de 2026.
Ibagué, como capital, concentra buena parte de la presión. El incremento del sicariato selectivo, el hurto en todas sus modalidades y la expansión del microtráfico han deteriorado la percepción de seguridad. A ello se suma un hecho institucional relevante: durante 2025 se produjeron dos cambios en el comando de la Policía Metropolitana, lo que refleja la necesidad de ajustes operativos permanentes frente a un fenómeno delincuencial dinámico, cada vez más organizado y violento.
En el norte del Tolima y la zona de la cordillera se registra una aparente calma tras la muerte en combate de alias ‘Miller’, cabecilla de las disidencias de las Farc. Municipios como Mariquita, Lérida, Venadillo y Honda han visto disminuir acciones armadas visibles, pero esta tranquilidad no puede interpretarse como ausencia de riesgo. La presencia creciente del Clan del Golfo en esta región representa una amenaza silenciosa, orientada al control económico y territorial sin necesidad de confrontaciones abiertas.
El sur del departamento enfrenta el desafío más complejo. Roncesvalles, Rioblanco, Planadas, Chaparral y San Antonio son corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas ilegales. Allí, comunidades enteras viven en zozobra por la presencia de grupos armados que amenazan con ataques, retenciones y tomas de poblaciones. El caso de Rovira es ilustrativo: el rumor constante de una posible incursión armada mantiene a la población en vilo, configurando una forma de control basada en el miedo.
En el eje Espinal–Flandes–Chicoral, la violencia adopta un rostro distinto. Bandas conocidas como “brujos” controlan economías ilegales como el microtráfico, el chance blanco, el préstamo gota a gota, la extorsión y las oficinas de cobro desde donde se contratan sicarios. Estas estructuras no solo se enfrentan al Estado, sino que también compiten entre ellas por el dominio de barrios, rutas y clientes, elevando el riesgo de confrontaciones armadas.
Todos estos actores —disidencias, Clan del Golfo, delincuencia común organizada— confluyen en un mismo objetivo: el dominio del territorio y sus rentas ilegales, con la intención adicional de incidir en el proceso electoral que se avecina. Incluso el ELN, que en el pasado protagonizó un paro armado y la instalación de un artefacto explosivo en un puente entre Flandes y El Espinal, sigue siendo un factor que no puede descartarse.
Este es el escenario que enfrenta la Gobernadora del Tolima rumbo a 2026. Un contexto complejo que exige liderazgo, coordinación interinstitucional y firmeza. En este sentido, es justo reconocer una gestión de seguridad que ha sido valorada positivamente a nivel nacional, no por negar los problemas, sino por contenerlos, enfrentarlos con seriedad y mantener la gobernabilidad territorial.
El reciente llamado de la Gobernadora a la ciudadanía para colaborar con información que permita prevenir el delito no es un gesto retórico: es un reconocimiento de que la seguridad es una tarea compartida. Sin denuncia, sin confianza y sin corresponsabilidad ciudadana, cualquier estrategia resulta incompleta.
El 2026 será una prueba decisiva. Elecciones, presión criminal y disputas territoriales no admiten improvisación. La seguridad del Tolima debe seguir siendo una política pública seria, técnica y ajena a la confrontación política. Cuando el Estado actúa con decisión y la ciudadanía acompaña, el crimen retrocede. La seguridad no se proclama: se ejerce, todos los días.
Por: Gustavo Adolfo Osorio Reyes
Abogado especialista.
