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La mandataria también señaló intimidaciones a sus allegados.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció por medio de un comunicado que ha recibido amenazas y alertas sobre posibles atentados contra su vida y la de sus familiares.
Según la mandataria, las intimidaciones estarían relacionadas con las decisiones de su administración para enfrentar a grupos armados y estructuras criminales que operan en el departamento.
Matiz pidió a las autoridades investigar el origen de las amenazas y aseguró que no permitirá que estas acciones frenen su trabajo por la seguridad del Tolima. La denuncia ocurre en medio de la emergencia por los incendios forestales y de recientes enfrentamientos y ataques atribuidos a grupos armados en diferentes zonas del departamento.
La disputa por el control territorial
Las amenazas contra Matiz ocurren en un contexto de creciente presión de grupos armados en distintas zonas del Tolima. La Gobernación ha señalado problemas relacionados con las disidencias en el sur, la minería ilegal y otras estructuras criminales que buscan ejercer control sobre comunidades rurales. En febrero de 2026, el Gobierno departamental identificaba precisamente las disidencias del sur y la minería ilegal como dos de los principales desafíos de seguridad.
Ese mismo mes, Matiz denunció la aparición de un cilindro aparentemente cargado con explosivos en la vía entre Rioblanco y Herrera. También alertó sobre intimidaciones dirigidas a candidatos al Congreso mediante un audio atribuido a alias “Chapolo”, integrante de una estructura disidente.
La reacción de la gobernadora ha sido consistente: exigir a la Fuerza Pública operaciones contra los grupos ilegales y rechazar cualquier intento de imponer restricciones a la movilidad o a la actividad política mediante amenazas. Para la administración departamental, la seguridad se ha convertido en el eje central de su gestión.
Las nuevas alertas de 2026
En agosto de 2026, Matiz volvió a advertir sobre un escenario de intimidación en el departamento. Esta vez denunció amenazas, “boleteo” y extorsiones contra comunidades campesinas, especialmente en zonas rurales de Rovira, presuntamente por parte de disidencias de las Farc. La gobernadora pidió a los habitantes no acatar citaciones de los grupos ilegales y reclamó a la Fuerza Pública reforzar el control territorial y las labores de inteligencia.
El contexto regional también se ha deteriorado por otros hechos de violencia y por la actuación de organizaciones criminales. En diciembre de 2025, por ejemplo, disidencias atacaron a policías en una zona rural de Chaparral, hecho que Matiz calificó como un intento de sembrar terror en el territorio.
