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Imagen: archivo particular.

La noche negra del Concejo de Ibagué

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Cuando no han transcurrido siquiera seis meses de este año, el Concejo de Ibagué vive uno de sus peores momentos.

La noche negra la tiene esta corporación por las fallidas escogencias del contralor Ramiro Sánchez, el personero Julián Prada y ahora último, para rematar, fue suspendida de manera provisional el acto de elección de Doris Caviedes, secretaria de la corporación.

Sánchez y Prada, por todos es sabido, fueron suspendidos por el Tribunal Administrativo debido a posibles inhabilidades para ejercer esos cargos pues les aparecieron contratos con la administración pública un año antes de sus nombramientos.

Recientemente el Tribunal confirmó la falta de Prada y sus abogados alistan la defensa ante el Consejo de Estado pero las cosas no son fáciles dada la contratación que ejecutó con la Esap en Ibagué.

La última decisión del Tribunal Administrativo también echó por tierra la elección de la secretaria Doris Caviedes y su demandante es el abogado Wilson Leal, el mismo que inició las acciones jurídicas contra Ramiro Sánchez y Julián Prada.

El Concejo probablemente pasó por encima de normas constitucionales ya que la elección de la secretaria debió hacerse mediante concurso de méritos, cosa que no se realizó”, afirmó el abogado Leal, y aclara que, por ahora, la suspensión de la funcionaria es provisional.

Las norma constitucionales establecen que las corporaciones públicas deben elegir sus funcionarios a través de procesos de meritocracia con la mejor hoja de vida”, aseguró Leal.

Dijo que, para participar en el concurso de elección que se hizo en enero, ante el Concejo se inscribieron, de buena fe, gran cantidad de profesionales.

Pero primaron las mayorías políticas del Concejo sin ningún ejercicio de meritocracia pues para ese cargo no se validaron conocimientos ni aptitudes”, señaló.

También en los mentideros políticos andan confeccionando listas de posibles cabildantes que entrarían si se ‘caen’ los concejales actuales por cuenta de las demandas que se anuncian por las fallidas elecciones de contralor y de personero.

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