A La Luz Pública – Noticias de Colombia La fuerza de la verdad
Ibagué no está discutiendo una vía cualquiera. La construcción de la calle 103, presentada oficialmente como una solución de movilidad, plantea preguntas profundas sobre planeación urbana, equidad territorial y el verdadero destino del interés general en la ciudad.
La vía 103 atraviesa sectores estratégicos como Samaria y Santa Inés, zonas catalogadas como áreas de expansión urbana, donde desde hace años se desarrollan —y se anuncian— grandes proyectos de vivienda. No es un secreto que, mucho antes de que se adjudicara el contrato y se anunciara oficialmente la obra, en las salas de venta de proyectos inmobiliarios del sector ya se exhibían maquetas, renders y promesas comerciales que incluían la construcción de esta vía, centros comerciales y nuevos polos de desarrollo.
Esto plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿la planeación pública respondió a una necesidad general de movilidad o terminó alineándose con expectativas privadas previamente consolidadas?
Desde la perspectiva jurídica, el debate es claro. El artículo 82 de la Constitución Política establece que el Estado debe velar por la protección del espacio público y por la prevalencia del interés general. La Ley 388 de 1997, que regula el ordenamiento territorial, es aún más precisa: el desarrollo urbano debe garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios, y evitar que las inversiones públicas se traduzcan en rentas privadas sin retorno social.
Sin embargo, en el caso de la vía 103, el beneficio es evidente para los propietarios de la tierra y los constructores de proyectos ubicados en su trazado y áreas de influencia. La valorización del suelo no es marginal: es sustancial, inmediata y directamente asociada a la inversión pública. Mientras tanto, no se ha informado con claridad si el municipio activó mecanismos como la participación en plusvalía, el cobro por valorización o el reparto de cargas urbanísticas que permitan que esa ganancia privada retorne, al menos en parte, a la ciudad.
La pregunta económica es inevitable: ¿cuánto se incrementó el valor del metro cuadrado en estos sectores antes y después del anuncio de la obra? ¿Cuántos miles de millones se capitalizaron en preventas, fiducias y proyectos que hoy se comercializan bajo el paraguas de una vía financiada con recursos de todos los ibaguereños?
El contraste con otras prioridades urbanas resulta aún más inquietante. Ibagué enfrenta una crisis estructural de malla vial, un colapso recurrente en corredores como la avenida Ambalá, y debates aplazados sobre soluciones de fondo como un viaducto en la calle 60 o intervenciones que realmente descongestionen la ciudad. Frente a estas necesidades, la decisión de priorizar una vía que impulsa la expansión inmobiliaria —antes que resolver los cuellos de botella existentes— merece, como mínimo, una explicación técnica robusta.
No se trata de afirmar la existencia de un delito. La crítica es más profunda y más grave: la captura silenciosa de la planeación pública por intereses privados, la normalización de un modelo donde el presupuesto municipal pavimenta la rentabilidad de unos pocos, y la ausencia de instrumentos eficaces para proteger el principio de equidad urbana.
La vía 103 quedará, sin duda, como una obra emblemática. La discusión es si será recordada como una solución de ciudad o como un ejemplo más de cómo la inversión pública terminó pavimentando la ganancia privada.
Por: Gustavo Adolfo Osorio Reyes
Abogado especialista.
