Los ricos lloran, los muertos firman y los ciudadanos pagan

Cuando el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dijo que “los ricos también lloran”, lo hizo para referirse a un gerente hospitalario que, entre lágrimas, confesó no tener recursos para pagar los salarios de los trabajadores de su hospital. No lloraba un magnate. Lloraba la precariedad del sistema de salud. Lloraba la escasez. Lloraba la crisis. Y, en el fondo, lloraban también los pacientes y el personal médico abandonado por el Estado.

La frase, lejos de ser empática, terminó pareciendo una ironía amarga en un país donde los que verdaderamente lloran son los usuarios de las EPS, los hospitales asfixiados y los ciudadanos que mendigan la atención de un derecho fundamental.

Pero esta no es la primera vez que el nombre de Guillermo Alfonso Jaramillo aparece rodeado de controversias públicas.

Hace algunos años, la Fiscalía investigó un episodio que rozó lo inverosímil: un documento de transferencia de un predio rural que habría sido suscrito cuando el supuesto firmante ya había fallecido. El proceso fue archivado, pero el hecho quedó instalado en la conversación pública como uno de esos capítulos que nadie quiere recordar, pero que nadie logra olvidar.

Hoy, otro asunto sigue pendiente en los estrados judiciales. En mi calidad de abogado representante de víctimas, interpuse recurso de apelación contra una sentencia absolutoria relacionada con hechos ocurridos durante su administración municipal, en los que se cuestionó la contratación de una fundación cultural —experta en festividades, no en alumbrado técnico— para ejecutar la instalación de luces navideñas. El expediente lleva más de tres años esperando decisión en el Tribunal de Ibagué. La justicia tardía también desgasta la confianza pública.

Mientras tanto, el presente vuelve a poner su nombre en el centro del debate nacional por el manejo del sistema de salud, en medio de EPS en crisis, hospitales desfinanciados, trabajadores sin pago oportuno y pacientes atrapados entre la tutela y la desesperación.

Y, pese a ese contexto, suena con fuerza una posible aspiración a la Gobernación del Tolima.

La pregunta no es de culpabilidad —esa corresponde a los jueces—. Es de responsabilidad política, memoria ciudadana y ética pública: ¿está el Tolima para depositar su futuro en liderazgos marcados por decisiones discutidas, polémicas persistentes y resultados que hoy generan más angustia que tranquilidad?

En esta historia, los poderosos cuidan su imagen, los muertos aparecen firmando en relatos judiciales insólitos, los hospitales lloran por recursos, pero los que siempre pagan la cuenta son los ciudadanos, los enfermos, los trabajadores y los contribuyentes.

Ojalá el Tolima no termine llorando también. Porque ya hemos pagado suficiente por el olvido.

Por: Gustavo Adolfo Osorio Reyes

Abogado especialista.