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Por líos de la administración de Gustavo Petro, en Bogotá.
La Contraloría de Bogotá embargó de forma preventiva 19 bienes de propiedad de tres exsecretarios de Salud y de dos exdirectores del centro regulador de urgencias (Crue) de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), según indicó ese organismo, por no realizar los recobros del traslado de pacientes en el servicio de ambulancia que se prestó entre los años 2012 y 2015.
Así lo informó el ente de control tras advertir que de los 2.097 millones de pesos que el Distrito pagó, a través del Fondo Financiero de Salud (FFDS), se han recuperado $ 747 millones. Los otros 1.350 millones están en el limbo. Lo que le preocupa al organismo es que esos dineros se esfumen con el paso de los días y nadie les responda a los bogotanos.
Cuando se presenta una emergencia, las ambulancias llegan a atender el servicio gracias a los recursos que el fondo de salud les entrega a los hospitales. Estos, a su vez, contratan las ambulancias para que estén ahí de forma permanente.
Una vez se determina si el responsable de pagar es una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), una EPS, el Soat por accidente de tránsito o el Fosyga o si se trata de una persona sin seguridad social, el hospital debe iniciar el proceso para recuperar esa plata y así poder garantizar el servicio.
Esos recursos, precisamente, son los que están bajo vigilancia, y por considerar que no se han hecho los recobros, es que se decidió la medida cautelar.
Ellos son los exsecretarios de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy alcalde de Ibagué, y la medida cobija dos lotes de su propiedad en el Tolima; Helver Giovanni Rubiano García, a quien se le embargó un apartamento en el norte de Bogotá, y Aldo Cadena, a quien se le relacionó una cabaña en Buritaca (Magdalena).
La justicia, en camilla
Según el documento, entre el 2013 y el 2015 se contrataron 643 ambulancias por un valor de 30.184 millones de pesos, en 67 contratos. Solo uno de esos contratos está liquidado. El resto se terminaron, pero no están liquidados.
Sobre la decisión, el contralor distrital, Juan Carlos Granados Becerra, dijo que esa plata es de todos los bogotanos y alertó que si no se hace el recobro, esos recursos se pierden y ponen sobre la cuerda floja el fondo de salud. “Hay una presunta negligencia y responsabilidad fiscal”, dijo Granados, quien alertó que si esos dineros no regresan al fondo de salud, “se pone en riesgo el servicio de ambulancias”.
La Contraloría alertó a la actual administración para que ese recobro se haga efectivo. La Secretaría de Salud, por su parte, dijo que insistirán en el Concejo de Bogotá con una iniciativa para crear una empresa, dependiente de las subredes (antes hospitales), a fin de que se encargue de esos recobros, tema que el Concejo en el pasado reciente no aprobó. Mientras tanto, montarán una unidad que lidere esa acción de cobro.
Con información de: El Tiempo.
