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También se indaga al alcalde de Ibagué y a la directora de Cortolima, por no cumplir la cuarentena.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagaciones preliminares a funcionarios por determinar de la Gobernación del Tolima por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para la compra de mercados, kits de aseo y difusión de información sobre la pandemia del covid-19, por más de 11.500 millones de pesos.
El órgano de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con los procesos contractuales No. 0493 del 26 de marzo de 2020 por $1.020 millones de pesos; No. 0494 del 26 de marzo del
2020 por $5.500 millones de pesos y el No. 0531 del 1 de abril de 2020 por $5.000 millones de pesos, que presuntamente tendrían relación con sobrecostos e irregularidades en los negocios jurídicos.
Entre las pruebas que ordenó la Procuraduría está la petición hecha a la Secretaría de Hacienda del departamento de entregar información sobre el presupuesto invertido durante los meses de marzo y abril en la suscripción de contratos con ocasión de la emergencia por el covid-19, con los soportes y certificaciones correspondientes, con las que busca individualizar a los presuntos responsables, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular, y el perjuicio causado a la administración pública.
Así mismo, la Procuraduría inició proceso disciplinario en contra del presidente del Concejo de Ibagué, Cesar Eugenio Franco Agudelo, por presuntas irregularidades en la entrega de mercados a las familias vulnerables de la ciudad, ya que, según denuncias presentadas al órgano de control, el cabildante habría servido de intermediario para direccionar las ayudas a personas conocidas.
Indagación por presunta violación del aislamiento preventivo
El órgano de control abrió indagación preliminar en contra del alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado; la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso Lannini, y el concejal de Ibagué, Brayan Alfonso Escandón Castellanos, por presunta violación del aislamiento preventivo obligatorio, al participar en una reunión social en época de cuarentena.
La Regional Tolima indaga a los funcionarios porque al parecer trasgredieron las disposiciones legales de aislamiento preventivo obligatorio dictadas por el Gobierno Nacional, con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del covid-19, así como las medidas tomadas por las autoridades de Ibagué y Tolima para conjurar la pandemia, entre ellas la restricción a las reuniones y a la movilidad de los ciudadanos, permitiéndose únicamente el desplazamiento en situaciones excepcionales.
Con información: Procuraduría General de la Nación.
