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En medio de la pandemia se quejan por la atención a la entidad regional en el departamento.
Según se conoció por parte de la Unidad, en diciembre permaneció abierta la atención al público y hubo un brote de coronavirus entre varios funcionarios, entre ellos el vigilante y varias personas del área administrativa. Con el agravante que quizá se pudo extender el contagio a los ciudadanos que se acercaban a realizar trámites.
Pese a que los funcionarios pidieron que se restringiera la atención al público, el clamor no fue atendido por parte de las directivas regionales.
Y empezando 2021, se cerró la atención al público, se envió a vacaciones a nueve funcionarios y se prácticamente se dejó sin atención a las víctimas y sus procesos en el departamento del Tolima.
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Cómo si fuera poco, se conoció que existen más de 600 cartas – cheques para indemnizar a las víctimas, pero las mismas no han podido ser entregadas, ni mucho menos notificadas, con lo que la espera para personas que fueron afectadas con el conflicto, o perdieron seres queridos en la violencia, se agrava con el paso del tiempo.
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Los recursos sin reclamar alcanzan los mil 500 millones de pesos, según se pudo establecer con fuentes del organismo humanitario.
La Unidad de Víctimas del Tolima, dirigida por María José Dangond, tiene dos oficinas: una de atención al público en el CAM de la Pola, y otra más (del área administrativa) en el octavo piso del Centro Comercial Combeima.
Este medio pudo establecer que se preparan las quejas ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otros entes, por el mal manejo de los protocolos de bioseguridad que permitieron escalar en los contagios, y por la negligencia evidente para la entrega de los recursos destinados a las víctimas en la región.
