A La Luz Pública – Noticias de Colombia La fuerza de la verdad
Análisis a las últimas decisiones de la Fiscalía.
Las detenciones masivas, que ingenuamente consideramos que habían pasado a la historia, han vuelto a aparecer en el Tolima y en todo el territorio nacional, esta vez a cargo de la Fiscalía General de la Nación, entidad que no ha tenido ningún reparo en aplicar el denominado “derecho penal del enemigo” heredado del régimen del nacional socialismo de Adolfo Hitler y sistematizado por el jurista alemán de la época, Carl Schmitt.
La Fiscalía viene aplicando la Resolución No. 01810 del 4 de octubre de 2012 mediante la cual se creó la Unidad de Análisis y Contextos, bajo el amparo de que la Constitución Política “no exige que el deber de protección de la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades ciudadanas, a cargo de las autoridades públicas, deba ser cumplido de una forma específica, por lo cual puede válidamente adoptarse un modelo de gestión judicial de la investigación penal, sustentado en la aplicación de criterios de priorización, adoptados de forma transparente y ajustados a fines constitucionales y estándares internacionales de protección de los derechos humanos”.
Esta retórica del Fiscal General de la Nación le ha servido para encubrir su talante reaccionario y para contribuir al hacinamiento carcelario con detenciones masivas, bajo el pretexto de combatir la criminalidad organizada, pues queda en claro que creó, por fuera del ordenamiento constitucional, su propio sistema de investigación penal, del cual Ibagué y el Tolima no han sido ajenos.
Esto debe ser objeto de examen por parte de los congresistas tolimenses, pero ¿dónde están?, posiblemente en el edificio del Congreso de la República y de las libertades de los ciudadanos ¿qué?
Nadie lo sabe.
Pero lo cierto es que la libertad de los colombianos está en peligro y la entronización de un nuevo sistema de investigación penal al margen de la Constitución Política, puede conducir a manifestaciones tiránicas, contrarias al ideario de libertad y democracia.
Prueba de ello es la Resolución 01810 del 4 de octubre de 2012, proferida, sin sonrojo alguno, por el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre Lynett.
Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.
