¿A quién le interesa la guerra, más allá de quienes la promueven?

A quienes, desde la comodidad de las ciudades, pronuncian discursos incendiarios y exigen darle plomo sin tregua a Raimundo y todo el mundo. A quienes creen que la solución a los problemas del país es invertir cada vez más recursos públicos en la guerra, sin detenerse a pensar que los muertos los seguirá poniendo el mismo pueblo.

Porque en el río revuelto de la violencia caen soldados, policías y civiles. Caen jóvenes que apenas comienzan a vivir, familias que nada tienen que ver con las disputas del poder y comunidades enteras condenadas a padecer el abandono y el miedo. Nunca, o casi nunca, quienes desde las élites promueven la confrontación.

Tampoco son salvapatrias quienes aprovechan cada episodio de violencia para atacar a sus adversarios políticos, sacar réditos electorales o alimentar la polarización. Son oportunistas que, más que buscar soluciones, parecen interesados en recuperar el poder perdido o conservar sus privilegios.

Al final, el pueblo pone los muertos, mientras los dirigentes de las élites, tanto de derecha como de izquierda, siguen intactos, lejos de las balas y de las consecuencias de sus propias palabras.

La seguridad es una obligación del Estado y nadie puede desconocer el derecho de los ciudadanos a vivir sin miedo. Pero una cosa es defender la seguridad y otra muy distinta convertir la guerra en un discurso político permanente, como si más violencia fuera sinónimo de más soluciones.

¿De verdad creemos que el camino para construir un país en paz es seguir alimentando la violencia?