Análisis de columnista.
Es evidente, así lo demuestran los hechos, que el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana entre plenipotenciarios del gobierno y de las Farc tiene enemigos por todas partes y de todas las tendencias, especialmente de quienes aún sueñan que la única solución para dar por terminado el conflicto armado interno, es la guerra, la tierra arrasada y la aniquilación total del enemigo, eso sí, que los muertos los siga poniendo el pueblo.
Algunos de los enemigos del proceso de paz están encriptados apareciendo como funcionarios públicos, empresarios, terratenientes y hasta con propósitos de guías espirituales, sociales y, en algunos casos, políticos y legisladores.
Una de tantas situaciones se dio en el Foro sobre Justicia Transicional convocado por la honorable Corte Suprema de Justicia, que se realizó en Cartagena la semana pasada. Pues no había terminado el presidente de esta alta corporación jurisdiccional, doctor José Leónidas Bustos Martínez, de hacer precisiones, obviamente, sobre los fundamentos de esta nueva y futura modalidad de administración de justicia, propia para el post conflicto, cuando saltó la liebre, en este caso en la persona del Magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria, doctor Fernando Giraldo Gutiérrez, que invocando el alma bendita de Laureano Gómez, reclamó que no se había invitado “a la otra opinión” sobre el proceso de paz, porque seguramente extrañó que no estuvieran allí, al menos los dos más caracterizados opositores, por no decir enemigos de la solución pacífica del conflicto armado interno, que realmente no concurrieron.
El hombre es él y sus circunstancias, dijo alguna vez José Ortega y Gasset, y ahora podemos afirmar que el hombre es él y sus opiniones, pues no cabe duda que hay sectores del partido conservador, que militan en la extrema derecha, enemigos viscerales del proceso de paz y que con aptitudes como la del honorable magistrado Fernando Giraldo Gutiérrez nada se gana, como no sea que, posiblemente, por hacer parte de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, su comportamiento sea el de un conservador a ultranza, siendo por tanto, defensor de manifestaciones políticas contrarias a la democracia y de la “sacrosanta” propiedad privada, olvidando que la Constitución Política, de la cual uno de sus redactores fue Álvaro Gómez Hurtado, establece en su art. 22 “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, inclusive para tan alto representante actual de la administración de justicia.
Pese a todo el proceso de paz sigue adelante.
Por. Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.