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Saltan suspicacias en una licitación para compra de maquinaria en la secretaría de Desarrollo Rural de Ibagué.
El 16 de julio, la alcaldía de Ibagué abrió la licitación pública número 14, con el fin de la “adquisición de una motoniveladora para el mantenimiento de las vías terciarias del municipio de Ibagué”, con un costo de 600 millones de pesos.
La viabilidad al proyecto, el estudio previo y la supuesta contribución a las metas del plan de desarrollo del gobiermo local, fue emitida por el exsecretario de Desarrollo Rural de la ciudad, Arsenio José Soto Baquero, quien entregó el cargo hace pocos días a Francisco Montoya.
La primera ‘perla’ que salta a la vista, es el evidente sobrecosto de la maquinaria, que por tratarse de una motoniveladora Komatsu GD511A-1, está en el mercado por el orden de los 400 millones de pesos. Pero el municipio de Ibagué, la comprará a 600 millones, doscientos más que el precio de mercado.
En la entrega de documentos y propuestas de las firmas que pelean por la licitación, se presentaron las primeras observaciones. Por ejemplo, Francisco Cáceres directivo de la empresa caleña Work King Tools Colombia S.A., planteó al grupo de contratación de la alcaldía de Ibagué las siguientes objeciones:
– “Llama la atención cómo no se hace la exigencia del indicador de COBERTURA DE INTERESES por parte del municipio aspecto este que va en contravía de la ley”.
– “En el presente proceso de selección adelantado por la Alcaldía de Ibagué NO se observa que en los estudios previos se haya adelantado un estudio técnico que conlleve a determinar las condiciones específicas del bien (motoniveladora) a adquirir”.
– “Por tal motivo no entendemos cómo se pretende avaluar u otorgar puntajes por el hecho de tener centros de servicio por fuera de Ibagué, aspecto este que no guarda ningún tipo de relación. ¿Para qué un centro de atención o de servicio en Barranquilla cuando el bien que se debe atender está en Ibagué?”.
– “Tal exigencia de esas especificaciones técnicas resulta ser restrictivo, excluyente y va en contravía de los principios de selección objetiva que rige la contratación estatal, contraria a derecho y limita la posibilidad de participación de un numero plural de reales oferentes”.
– “Las especificaciones exigidas en el proyecto de pliego de condiciones corresponden a una marca específica, (tanto así que la marca del motor debe ser de la misma marca del equipo) y solo faltó colocarle el nombre del proveedor”.
El gerente de Work King Tools, señala con ironía en su último punto, lo que muchos sospechan: que la licitación está amañada y direccionada para que se la gane la firma Autorepuestos El Transportador, cuyo gerente es Carlos Salazar, viejo amigo de infancia y de colegio del exsecretario José Soto, según confirmaron fuentes de la alcaldía de Ibagué.
También se sospecha de la participación de un amigo de Soto y de Salazar, el abogado Gonzalo Buitrago Beltrán, también conocido en Ibagué como el ‘Doctor Piña’, en la elaboración de los estudios previos de la licitación. De hecho, Buitrago tiene contrato de asesoría jurídica en la secretaría de Desarrollo Rural.
En el estudio previo de la licitación firmado por Soto, se consignó la siguiente advertencia a los proponentes: “en caso de que el Municipio de Ibagué, advierta hechos constitutivos de corrupción de parte un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta (sic)”, lo que parece haberse quedado solo en letra muerta.
José Soto, afiliado al partido Liberal, y por el movimiento del exsenador Mauricio Jaramillo, renunció al cargo y aspirará por un escaño en la Asamblea del Tolima, en 2015. El exfuncionario anda buscando recursos para su campaña, según indicaron varios allegados del dirigente político.
El 27 de agosto, por cronograma, deberá adjudicarse la licitación de la motoniveladora. Falta ver si el nuevo secretario Francisco Montoya, y más allá el alcalde de Ibagué Luis H. Rodríguez, se darán la pela por adjudicarla de manera transparente y de acuerdo a la ley, pues al fin de cuentas, los recursos públicos son sagrados y sobre los procesos de contratación no debe caer la más mínima sombra de duda, algo que no ha venido ocurriendo desde hace muchos años, ni en Ibagué, ni mucho menos en el departamento del Tolima.
