A La Luz Pública – Noticias de Colombia La fuerza de la verdad
Estaba detenido en un semáforo de la avenida Guabinal, diagonal al hospital San Francisco, cuando se acercó un limpiavidrios y, sin mediar palabra, arrojó agua sobre el parabrisas, pese a que el vehículo estaba limpio. Le agradecí, pero le dije que no necesitaba el servicio.
Su reacción fue intimidante: «Yo no estoy robando, estoy trabajando; si robara, me tendría miedo». Cuando le manifesté que esa no era la manera de ofrecer un servicio, respondió: «Agradezca que hoy voy de buen genio, o si no otra cosa sería, pirobo».
El episodio no pasó a mayores, pero no es un hecho aislado. En el semáforo de la calle 60 con carrera Quinta también he recibido improperios y presenciado amenazas contra otros conductores.
Hay que decirlo sin rodeos: limpiar parabrisas en un semáforo no convierte a nadie en delincuente ni justifica estigmatizar a quienes encuentran allí una forma de ganarse la vida. Pero la necesidad de trabajar tampoco da derecho a intimidar o amenazar a quien decide no pagar por un servicio que no solicitó.
El problema lleva tiempo sobre la mesa. En mayo de 2025 la Alcaldía y la Policía realizaron controles en la calle 60 con Quinta. En agosto, el concejal William Rosas denunció nuevos episodios de agresividad. Y en mayo de 2026 volvieron los operativos en sectores como Los Arrayanes, las calles 60 y 64 y las avenidas Guabinal y Ambalá.
Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Cuántos operativos se han realizado en los últimos meses? ¿Se mantienen los controles en los puntos críticos? ¿Existe un decreto vigente que regule esta actividad? ¿Qué resultados concretos han dejado las intervenciones anunciadas por la Administración Municipal?
No basta con hacer requisas, tomar fotografías y anunciar operativos. Se necesita una estrategia permanente que combine autoridad, atención a las denuncias y alternativas laborales, sin criminalizar a todos los trabajadores informales.
Esta es otra pata que le nace al cojo. A los problemas de movilidad, los piques ilegales, las caravanas de motociclistas y la falta de control en las calles, se suma ahora la preocupación de conductores que no saben si rechazar un servicio puede terminar en un insulto o una amenaza.
La Alcaldía debe pasar de las intervenciones ocasionales a soluciones de fondo. Lo mínimo que merece un ciudadano es poder detenerse en un semáforo, rechazar un servicio que no necesita y continuar su camino sin temor a represalias.
Trabajar es un derecho; intimidar a los demás, ¡no!.
Columna del Editor General
