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Otro zarpazo de $242 millones que no se ha investigado.
En la cárcel de Picaleña fue asegurado el polémico exsecretario de Luis H. y ficha del excongresista Pompilio de Jesús Avendaño Lopera, Jorge Alberto Pérez Díaz. La Fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por la adjudicación del contrato de los diseños del estadio Manuel Murillo Toro. Pero hay más ‘perlas’ en el caso, que podrían generarle otros procesos penales a Pérez Díaz.
Como se sabe, el 25 de julio de 2013 la Alcaldía de Ibagué suscribió el contrato 1354 con Rigoberto Rugeles Bernal, a fin de que diseñara los estudios para intervenir el estadio, de cara a los Juegos Nacionales de 2015. Dicho contrato tuvo un costo de $568.982.668, con una duración de 90 días.
Pero en diciembre de ese mismo año, mediante otrosí, el contrato 1354 fue adicionado en su plazo de ejecución en 45 días y también adicionado su valor contractual, es decir, Rugeles Bernal recibió $242.701.500 más.
Es de anotar que el contrato de diseños del estadio no tuvo interventoría, contraviniendo las normas de contratación estatal y el supervisor de este contrato, fue el mismo secretario de Infraestructura de la época, Jorge Alberto Pérez Díaz.
La Alcaldía conceptuó en el acta de justificación para la adición presupuestal que “teniendo en cuenta que la entidad encargada (sic) de aprobar los diseños del estadio es Coldeportes y la Fifa, el día dos de diciembre se presentaron los estudios ante esa entidad, la cual se solicitó se realizaran unos ajustes a los diseños arquitectónicos del proyecto”. Dicha acta está firmada por Rigoberto Rugeles y Pérez Díaz.
En efecto, Coldeportes hizo unas recomendaciones para el diseño de las obras, en un oficio fechado el 19 de diciembre de 2013 y firmado por el director Andrés Botero, donde se señala que se deben incluir los diseños urbanísticos, hidráulicos y sanitarios, al igual que hace otras recomendaciones.
Pero por ninguna parte aparece el supuesto concepto de aprobación de la Fifa, que se mencionó para adicionar el contrato del estadio en un 50 %. Tampoco es cierto que Coldeportes aprobara los diseños pues como lo recuerda esa entidad en un reciente pronunciamiento, la ejecución del contrato, la aprobación y demás fases corren por cuenta de los entes territoriales, en este caso la Alcaldía de Ibagué.
Finalmente, el tres de marzo de 2014 la Alcaldía de Ibagué ordenó la prórroga en un oficio donde se echa de menos la justificación para haber otorgado el otrosí. Allí se aprecia la firma de Rigoberto Rugeles Bernal y de Juan Gabriel Triana Cortés, secretario de Planeación en el gobierno de Luis H. Rodríguez y a su vez ordenador del gasto para este contrato.
Vale la pena anotar que Raúl Navarro Jaramillo y John James Perdomo Rodríguez, formaron parte del comité evaluador de las propuestas para los diseños; el primero en la parte jurídica y el segundo en la parte financiera, ambos fueron acusados por la Fiscalía, junto al exsecretario Perez Díaz y enviados a la cárcel por orden de un juez.
Ahora que Rugeles se convirtió en testigo de la Fiscalía, revelando las coimas que le pagó a Jorge Alberto Pérez Díaz y a otros funcionarios, sería bueno que le preguntaran a qué bolsillos fue a parar el dinero de la prórroga que tramitaron al parecer con motivaciones espurias y poco claras.
Estadio Murillo Toro: la vena rota de la corrupción
En el proceso donde acaban de asegurar a Jorge Alberto Pérez Díaz, Rigoberto Rugeles Bernal detalló la forma en que le pagó los sobornos: primero le dio 10 millones de pesos, luego otros 11 millones, y finalmente le entregó un cheque por 38 millones 500 mil pesos.
La Fiscalía también dio a conocer que la firma de Rugeles Bernal no cumplía con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y por ello se falsificaron documentos para habilitarlo y hacerlo pasar como idóneo.
Otro interrogante que salta a la vista es ¿Por qué Rigoberto Rugeles Bernal decidió colaborar con la justicia, luego de haber contratado con la Alcaldía los diseños del estadio, delatando a sus cómplices en los sobornos y coimas?
También se deberá clarificar si hubo corrupción en la ejecución de las obras, tasadas en 13 mil 308 millones 743 mil pesos, con un otrosí para adicionar el contrato por mil 203 millones 714 mil pesos.
Allí, se ha mencionado a los hermanos Mario y Jorge Tulio Rodríguez Díaz, quienes tuvieron una presunta injerencia con contratistas y firmas de ingeniería.
Y hay evidencias que señalan, que aunque los ejecutores de la obra dijeron actuar bajo las directrices de la Fifa, en la obra final incumplieron algunos estándares señalados por la entidad rectora del futbol en el mundo.
La Fiscalía reveló que Jorge Alberto Pérez Díaz tiene a su nombre siete tractomulas que bien podrían costar $3.500 millones de pesos. Este ingeniero estuvo los cuatro años en la administración de Luis H. Rodríguez, en la Secretaría de Infraestructura como cuota del político antioqueño Pompilio de Jesús Avendaño Lopera. Si la Fiscalía ahonda más en el caso, revisando estados financieros, bienes, declaraciones de renta y demás, se podría destapar otra trama de corrupción inimaginable y de inmensas proporciones en la capital tolimense.
