Aunque la periodista Andrea Guerrero no es santa de mi devoción, por supuesto, que me solidarizo con su causa. Hace apenas unos días decidió responder un tuit de un personaje que tiene una cuenta denominada el Kínder Cortes y la trató de borracha porque le dio la gana.
“Tan machito el cobarde”, les respondió Guerrero, luego agregó: “Es que de verdad me aburre que ya las agresiones digitales se vuelvan paisaje”. Tiene mucho de razón la comunicadora porque aquí en Colombia este es el pan de cada día.
El artículo 20 de la Carta Magna colombiana permite el derecho a la libre expresión, a difundir el pensamiento y opiniones. Todo lo anterior se supone se debe ejercer sin que este derecho vulnere otros. He ahí el meollo del asunto.
Con la llegada de las redes sociales se le entregó un poder enorme a la ciudadanía que ha servido para hacerse visible lo que era invisible. Lo bueno es que ha servido para que se conozcan casos en que la justicia no ha querido actuar con celeridad. . Lo malo, es que pululan los insultos, las calumnias, los improperios sin ningún control. Las redes son campos de guerra.
Según investigaba, hubo una unificación de jurisprudencia colombiana sobre los insultos en internet de septiembre de 2019. Después de revisar cuatro casos específicos de tutela, la Corte Constitucional determinó que los insultos no tienen relevancia para la intervención de un juez. La excepción se da cuando hay actos reiterados que lleguen a configurar hostigamiento o acoso.
También fue enfática la Corte, en que no son responsables los intermediarios de internet sino exclusivamente al creador del contenido y así se evita la censura y el bloqueo. Prácticamente, con borrar el insulto se soluciona todo. Así la utilización de términos: desproporcionados, humillantes, ignominiosos, y hasta las injurias y las calumnias se salieron de control.
En un país polarizado políticamente es común que todo el mundo escriba desde lo visceral. Para el “petrista” todo el que critica al Gobierno es un crápula, un insensato, o hasta paraco, etc. Cuando se aplauden las cosas buenas entonces los fanáticos “uribistas” aparecen con un arsenal de groserías.
El problema no es lo que se dice sino cómo se dice. Por más que alguien tenga razón o no, con lo que escribe un periodista, eso no le da el derecho a cogerlo a madrazos. Ese tipo de actos es como el del hombre que justifica golpear a su esposa porque le puso los cuernos. Nada justifica la violencia. Nada.
Claro que la gente puede opinar, puede controvertir, puede exponer sus posiciones en redes sociales, pero, debería hacerlo con respeto. Esto se salió de las manos y es la justicia la que debería ponerle freno a los trúhanes que se esconden generalmente bajo cuentas de Facebook y Twitter falsas. Otros son hasta descarados y lo hacen desde las propias.
El derecho por naturaleza es probatorio y si usted califica a alguien de delincuente por redes sociales debería enlistar las pruebas para demostrar que lo que dice es verdad. De lo contrario eso es una calumnia o una injuria y lo lógico es que eso no quede en vano y tenga consecuencias legales.
No sé a dónde irá a parar esa ametralladora en que se convirtió el celular. No sé hasta dónde defender un derecho pueda permitir la vulneración de varios. Serán los legisladores los que deberán tomar cartas en el asunto. Les cogió la noche.
Toda persona pública ahora se convirtió en blanco de insultos de toda índole. Son víctimas en su mayoría: influencers, actores y actrices, cantantes, políticos y como lo argumentaba anteriormente periodistas. Toca armarse de un caparazón y aguantar los misiles (vengan de donde vengan), porque la ley es laxa.
Lo cierto es que amparados en la Constitución los colombianos se están despellejando en las redes sociales. Si nuestra naturaleza es violenta ¿Hasta dónde llegaremos?
Por: Andrés Leonardo Cabrera Godoy
Editor General.