¿Por qué hay tanto abogado bandido?

Sin ánimo de generalizar, la deshonestidad reina en el gremio donde debería imperar el respeto por la ley.

“Sí, señor magistrado. Yo me quedé con ese dinero. Lo necesitaba para la primera comunión de mi hijo«, fue la insólita respuesta que entregó un abogado cuando le indagaban en el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima (CSJ) por la suerte que corrieron 11 millones de pesos que el letrado debía trasladar a un cliente, fruto de haber ganado un litigio judicial.

Por supuesto que este abogado fue sancionado, al igual que otros con similares o peores faltas. Uno de los ‘campeones’ en sanciones, el abogado Orlando Arciniegas (preso por el robo de los Juegos Nacionales) quien rompió todos los récords en materia de ‘tumbis’ a los clientes, desde millonarias sumas apañadas, hasta el pago de cuotas de su vehículo y casa de habitación con cheques chimbos o sin fondos.

En la Judicatura se narra el caso de un abogado de Ibagué, que se divertía en todo tipo de juegos de azar, hasta que un día empeñó su tarjeta profesional para seguir apostando a las cartas. Como el letrado no apareció para saldar la cuenta, el burlado acreedor llevó el documento al CSJ para que se investigara el malsano proceder del profesional del Derecho.

Y es que de un abogado deshonesto, fácilmente se pasa a un notario corrupto, a un inspector ‘comelón’, a un juez parcial, o a un magistrado abiertamente corrupto. Y si no, recuérdese a ‘luminarias’ de nuestras altas cortes como Jorge Pretelt, Henry Villarraga, Alberto Ríos, u otros togados con similar trayectoria en el bandidaje.

Es recordado el caso de un fiscal local que un allanamiento se quedó con cinco mil dólares que encontró en la residencia objeto del cateo; o la destitución del exjuez Gustavo Hernández Sierra, por el otorgamiento de pensiones ilegales de más de 100 mil millones de pesos; o el exjuez de familia de Espinal que para colaborarle en un proceso a una dama, citó a esta con libidinosas intenciones a un motel, diligencia a la que la mujer acudió con su enfurecido esposo.

Eso sin olvidar que toda una juez de circuito de la capital (Stella Ramírez Vargas) aceptó haber amañado el fallo de varias tutelas en su despacho para beneficiar a maestros que no tenían ese derecho. La exfuncionaria fue condenada a altísima pena.

O el caso de Jorge Enrique Páez García, exjuez de garantías de Ibagué quien huyó a Estados Unidos, luego que se denunciara que presionaba a sus empleados a sacar préstamos donde él sería el beneficiario, a cambio de no mantenerlos en su juzgado. Otras ‘perlas’ se cuentan de ese despacho en cuanto al otorgamiento de libertades en contubernio con abogados defensores igual de deshonestos que el juez. (Lea: justicia de Ibagué se vende al mejor postor).

Y es que, sin ánimo de generalizar o señalar a toda la barra de abogados de la capital, pero encontrar un letrado honesto en Ibagué es tan difícil como hallar vacío un bar cercano a una universidad, un viernes en la noche.

Múltiples son las quejas de clientes insatisfechos que denuncian desde ‘retén’ de dineros de sus abogados, hasta que estos se alían con la contraparte para perjudicar los intereses de quien los contrató en primer término.

Y hace algunos años se criticó el accionar del abogado de Bogotá Francisco, que para favorecer a su hermano, Rafael Uribe Noguera, al parecer alteró la escena del crimen donde murió la niña Yuliana Samboni, crimen que en su momento aterró al país entero.

Me pregunto si el tema tendrá que ver con los valores que se enseñan a los chicos en casa, o con la ética necesaria que debe verse o estudiarse en las aulas.

Le traslado mi inquietud al exmagistrado Ovidio Claros, quien fue presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura de Bogotá. Esta entidad es la encargada de investigar y sancionar los desafueros de los abogados para con sus clientes.

“Hemos venido haciendo unas críticas a las universidades de garaje. Tanto abogado que va saliendo, universidades que entregan título en tres años, por ejemplo. Esto, es de verdad inaudito. Si uno lleva tantos años en el ejercicio y sigue estudiando, no entiende uno cómo hay personas que en menos de tres años se gradúan. Eso sí, sin deslegitimarlos, pues no se trata de poner buenos y malos, pero se debe ser mucho más riguroso”, aseguró el magistrado.

Hace pocos días coincidí con un abogado al que debía remitir una información vía electrónica. “Anote mi correo, periodista. Y es con arroba, no arrobar.com”, dice el letrado, dejando ver en su chiste que el mismo gremio tiene ideas preconcebidas sobre la forma en que el público ve y juzga sus procederes y acciones.

*Este es un editorial del director de A la luz Pública.