A La Luz Pública – Noticias de Colombia La fuerza de la verdad
El oficial condenado por el homicidio de su esposa fue visto en Ibagué.
Y paseándose como cualquier parroquiano, haciendo mercado, a la vista de todo el mundo se encontraba el exoficial de la Policía en el Supermercado Olímpica, del Centro Comercial La Estación.
Aldana se hacía acompañar de dos jóvenes y de dos escoltas que lo custodiaban, según informaron fuentes a este medio. Además ocultaba su rostro y facciones con tapabocas y una cachucha.
Es de anotar que Joaquín Aldana ha disfrutado en varias ocasiones de permisos de 72 horas por parte del juzgado de ejecución de penas y medidas que controla la pena de 33 años y nueve meses de prisión que un juez de Ibagué le impuso al encontrarlo responsable del macabro asesinato de su esposa y madre de dos de sus hijas, la señora Erika Cecilia Yeneris.
Realizada la consulta en el sistema de la Rama Judicial se encuentra que se le han concedido rebajas de penas por trabajo y estudio. Aldana Ortiz descontaba la pena en la cárcel Picota de Bogotá pero se desconoce si le han dado otro permiso o si goza de la libertad condicional.
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Joaquín Enrique Aldana Ortiz, fue encontrado culpable de haber matado y descuartizado a su esposa Erika Cecilia Yeneris, en uno de los crímenes pasionales más sonados de la ciudad de Ibagué en los últimos años.
El cuerpo de la dama fue severamente mutilado y esparcido en las arroceras cercanas a la vía a Alvarado, en el año 2009 cuando su esposo era el tercer oficial en la línea de mando de la Policía del Tolima.
Aldana siempre negó la autoría del crimen pero indicios y actitudes que mostró con posterioridad al crimen convencieron a la justicia sobre su culpabilidad.
La segunda instancia del caso
El magistrado Juan Carlos Arias López dejó sentada la posición del Tribunal Superior de Ibagué, en la confirmación de la condena de 33 años y nueve meses de prisión, en contra del coronel retirado de la Policía Joaquín Enrique Aldana Ortiz.
El letrado empezó por agregar que no se presentó parcialidad en contra del acusado, ni por parte del Juez Primero Penal del Circuito (que condujo el juicio oral), ni de la agencia del Ministerio Público que actuó en las diligencias.
A su vez, tildó las actuaciones del coronel Aldana posteriores al crimen que “buscaban ocultar rastros y la acción criminal porque sabía que su esposa estaba muerta, para evitar que fuera descubierto”.
Perfil psiquiátrico
En cuanto al dictamen psiquiátrico que presentó la defensa donde mostró al coronel como alguien dependiente de su pareja, el Tribunal dijo que “no había sido dependiente sino indiferente”, cuando después de matar a Erika Yeneris buscó despistar a los allegados de esta que la buscaban insistentemente. Del descuartizamiento del cadáver el magistrado indicó que la motivación de Aldana “era mantener el poder y dominio sobre ella y así podría disponer de su cuerpo”.
También se dijo que el “asesino acudió a aspectos íntimos que conocía de la dama” como retirar los implantes mamarios, la zona púbica con rastros de operaciones y las partes del cuerpo donde se obtiene el ADN más puro para las muestras.
El magistrado calificó los alegatos de la defensa que “no tienen fuerza probatoria suficiente para ser derruida la sentencia”. Dijo que la omisión en la denuncia de la desaparición de Erika Yeneris equivalía al compromiso de implicado en su muerte.
El coronel Aldana, excomandante operativo de la Policía Tolima, al parecer dio muerte a su esposa Erika Yeneris, en septiembre de 2009, y desmembró su cuerpo, arrojándolo a cultivos de arroz en la vía al norte del departamento, en uno de los crímenes más horrendos y macabros que recuerde la historia judicial reciente de la región.
Perderá patria potestad de sus hijas
Para el Tribunal, el móvil más fuerte en la ocurrencia del crimen fue el descubrimiento que Aldana hizo de la infidelidad de su mujer que pretendía dejarlo y llevarse a sus hijas: “para impedir que se fuera, decide acabar con su vida”. Aldana habría ejecutado el homicidio para quedarse con la custodia de las menores, señaló la sala.
Al finalizar la lectura de la sentencia, el Tribunal instó al Instituto de Bienestar Familiar a garantizar los derechos de las hijas de Aldana, realizando los trámites para retirarle la patria potestad al acusado y que se constituyan estas, a través de apoderado judicial, en el incidente de reparación de perjuicios del caso. A ese tenor, en otro proceso diferente, un juez ordenó el embargo de un apartamento y de un lote, propiedad de Aldana Ortiz.
El Tribunal dijo en relación a Joaquín Aldana y la relación que pueda mantener con sus hijas “debe evitarse la hegemonía nefasta sobre las menores de quien llevó a su madre a la muerte”.
