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La Fiscalía le imputó cargos por las irregularidades del alumbrado navideño de 2016.
Tras cuatro inasistencias y aplazamientos, finalmente la Fiscalía le pudo imputar cargos a Guillermo Alfonso Jaramillo, en el despacho de la Jueza Segunda Penal Municipal, y sin presencia de público.
Al alcalde lo acompañaba su abogado de confianza, Rodolfo Salas, al igual que varios funcionarios del gabinete, como el gerente del Ibal, Alberto Girón, y los gerentes del Imdri y de Infibagué; así como contratistas, varios ciudadanos y espontáneos que fueron a manifestar apoyo al mandatario.
En la diligencia, el alcalde escuchó los planteamientos de la Fiscalía y tras el asesoramiento de su abogado, no se allanó a la imputación de cargos. El ente acusador no pidió medida de aseguramiento para Jaramillo, como se había informado hace varios meses.
El proceso pasará ante un juez de conocimiento donde se deberá formular la acusación, programar la audiencia preparatoria y luego la de juicio oral, al término del cual se deberá señalar el sentido del fallo.
A la salida de la diligencia, Jaramillo defendió su inocencia y aseguró que no tiene riquezas, pese a llevar 42 años en actividades y cargos públicos.
El caso
Mediante diligencia de imputación de cargos la Fiscalía endilgó reproche penal al actual alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez por las irregularidades que rodearon al contrato para el alumbrado navideño de 2016, en cuantía de 1.691 millones de pesos, y que se ganó la firma de Bogotá, Moriah Company, a través de una tercerización efectuada con la Corporación Festival Folclórico.
Cabe anotar, que el apoderado del alcalde, Rodolfo Salas, había solicitado la preclusión del proceso penal, para que Jaramillo fuera investigado por la Procuraduría.
“Esta defensa solicitó el aplazamiento ya que estamos a la espera que se resuelva la solicitud (sic) del archivo de la indagación penal de la indagación, ya que a juicio de esta defensa no hay situaciones fácticas que permitan la caracterización como delito en cuanto al dolo. No existe un detrimento ni siquiera patrimonial, sino que se trata de una discusión jurídico – administrativa”, dijo Salas en su momento.
