Hacen de las suyas, salen embilletados con la complacencia y/o complicidad de la Justicia.
El caso que más ha sonado a lo largo de los últimos años: el de los ‘piques ilegales’ promovidos por Andrés Hurtado cuando era administrador del Aeropuerto Perales en el año 2014. Sus abogados lograron la prescripción de uno de los delitos y le maman gallo a la justicia con un sumario que se sabe no va a quedar en nada. En la carrera Tercera la gente comenta a sotto voce que «eso está más cuadrado que elección costeña«.
Tampoco pasará nada con otro proceso penal donde les imputaron cargos al alcalde de Ibagué y al exgerente del Imdri, Alejandro Ortiz, por el uso irregular del estadio Murillo Toro para una fiesta de cumpleaños del hijo de Hurtado. El mandatario no será condenado por este sumario, ni mucho menos Ortiz quien suena para llegar al Concejo de Ibagué con apoyo de la ‘administración’ Ibagué Vibra.
Seis años se cumplen en este 2022 luego que el Concejo de Ibagué procediera con la torcida elección del excontralor Ramiro Sánchez, quien estaba inhabilitado. Aunque la Procuraduría los sancionó (de manera laxa, comentan algunos), en materia penal ni siquiera ha arrancado el juicio y muchos no solo siguen en el Cabildo, sino que suenan para presentarse a la Alcaldía en los comicios del próximo año.
Proceso de concejales se alargó todo este año y no hubo decisiones

Nunca se supo quién mandó a matar al abogado Félix Eduardo Martínez Ramírez, acallado por pistoleros en enero del año 2003 en Ibagué, cuando sus denuncias por corrupción estatal comenzaban a incomodar.

Tampoco se sabe en qué terminó el proceso penal donde se mencionó a Mauricio Jaramillo como presunto determinador del asesinato del abogado ambientalista Justo Roldán, abatido en el barrio Jordán de la capital tolimense. José Alexander Granada Gallón, alias el ‘Tigre’, jefe de una organización criminal y responsable confeso de decenas de homicidios, al ser cuestionado sobre el crimen de Roldán, dijo en una entrevista: «Eso se sabe pero más adelante se le informará a la justicia«.
También cayó el silencio judicial sobre las relaciones comerciales, contractuales y políticas del condenado Orlando Arciniegas Lagos con el exsenador Mauricio Jaramillo, quien nombró al abogado como !Secretario del Partido Liberal en el Tolima¡, que no se nos olvide.

Gonzalo García Angarita, dirigente del partido Conservador del sector de Gómez Gallo y quien hace parte de los cuadros directivos del movimiento de José Élver Casas, conocido como ‘Choco’, ha sido condenado en dos ocasiones: por vínculos con paramilitares y por corrupción electoral en Valle de San Juan. Un hijo de García, elegido en 2019 como alcalde de ese municipio, no llegó a posesionarse y fue capturado y sentenciado, luego de aceptar de cargos. ¡Ambos ‘descuentan’ la pena en detención domiciliaria y con permiso para trabajar! Gonzalo García fue mencionado en varios procesos judiciales como determinador de una masacre de campesinos en su natal Valle de San Juan.

El próximo año se cumplen diez años desde que se avalara la destrucción de los escenarios deportivos de Ibagué para la realización de los Juegos Nacionales 2015. Aunque la reconstrucción avanza (con sobrecostos, coimas, adiciones y licitaciones amañadas) nada que condenan a Luis H. Rodríguez ni mucho menos a sus cómplices; no los funcionarios de medio pelo, sino los dirigentes políticos que se beneficiaron con diseños, concretos, obras y hasta escombros de la fallida y amañada construcción.
Extrañas absoluciones y archivos
Otro fenómeno ocurre ante la complacencia de jueces, magistrados y operadores judiciales: se emiten condenas y mientras se ‘revisan’ el tiempo va pasando hasta que opera la prescripción judicial que permite a los acusados andar por las calles, o seguir vigentes en la actividad política. O extrañamente la segunda instancia desestima los casos pese a las evidencias palmarias.

Es el caso de Orlando Mora Quintero, exdiputado y hermano de Pedro Mora (quien en este 2022 volvió a posesionarse como concejal de Ibagué). El Tribunal Superior de Ibagué le había confirmado una pena de 60 meses de prisión, por Concusión, en un fallo que se originó cuando este recibió de manera ilícita dineros de la Secretaría de Tránsito de Mariquita, que funcionarios de esa dependencia, colocados allí por el dirigente, transportaban hasta Ibagué. Mora se escapó de su apartamento, cuando agentes del CTI de la Fiscalía llegaban para notificarle de la orden de captura. Otra versión indica que Mora habría sobornado a la comisión judicial para que no hiciese efectiva la orden de aprehensión.

O el caso del excandidato a la Alcaldía de Ibagué, Jhon Esper Toledo, quien fue condenado por un juez por falsedad en documento y fraude procesal al adulterar un título valor que ya le había sido pagado para embargar y cobrarle de nuevo al deudor. Junto con Toledo también recibió sentencia el abogado Alfonso Bello Gaitán, pero el Tribunal Superior absolvió a los dos encartados, pese a las contundentes evidencias.

Un hermano de Alfonso Gómez Méndez (Enrique Gómez) fue procesado por pedir y recibirle dinero a una dama de Chaparral para intervenir en un proceso penal que el esposo de la mujer afrontaba. Aunque un juez condenó en primera instancia al familiar del exfiscal, exministro y exprocurador, curiosamente el Tribunal Superior de Ibagué, desestimó los elementos materiales de prueba.
Otros fallecieron sub júdice y descontando pena

Francisco José Peñaloza Castro, exgobernador del Tolima y exalcalde de Ibagué en seis oportunidades. Murió en detención domiciliaria luego que la Corte Suprema de Justicia lo condenara a 52 meses de prisión por los sobrecostos que se generaron con la construcción del Centro de Convenciones y la remodelación de la Asamblea y del Teatro Tolima. Falleció en el año 2004.

Gustavo Adolfo Villanueva Garrido, abogado penalista. Fue detenido y encarcelado por presuntos nexos con el confeso narcotraficante Eduardo Restrepo, alias ‘El Socio’. La Fiscalía lo acusó de ser testaferro de Restrepo y de figurar en algunos de sus bienes, como la hacienda La Morena. Posteriormente se le liberó y afrontó juicio penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin resolvérsele la situación jurídica, murió de una crisis cardíaca en el año 2012.
Título rimbombantes cuando sus calles están destruidas, cortes periódicos de agua y energía, inseguridad constante, desempleo galopante, diáspora de jóvenes talentos
— Alexander Correa Carvajal (@alitoscor) September 28, 2022

Alfonso Parra Pérez, propietario de Rápido Tolima. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, lo condenó a 60 meses de prisión y al pago de perjuicios, por los delitos de falsedad en documento y fraude procesal. En la segunda instancia del caso, el Tribunal Superior de Ibagué, con ponencia del magistrado Alirio Sedano, ordenó la prescripción del ilícito de falsedad, exoneró a Alfonso Parra del pago de perjuicios, y le fijó una condena de seis años. Se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena, es decir, que no fue a prisión por este caso. Parra falleció hace algunos años en Ibagué.
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