
Los acusados prefieren negociar que someterse al procesamiento de la justicia.
Parece que la tendencia en el descalabro de los diseños y obras de los Juegos Nacionales, está siendo que los procesados acudan a las figuras de aceptación anticipada de cargos para lograr rebajas de penas, descuentos por delación y otros beneficios, ya que de afrontar juicios largos podrían pasar muchos años a la sombra.
Es el caso del exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel quien llegó a un preacuerdo este martes con la Fiscalía, en el que acepta pagar cinco años y medio de cárcel por haber recibido un soborno de $300 millones de pesos y por haber otorgado de forma irregular los contratos de diseño a la firma Typsa.
El preacuerdo de Ángel, que permanece detenido en el penal de Picaleña, deberá ser avalado por un juez de circuito que puede aprobar o rechazar el mismo. Lo irónico es que el exfuncionario de la Alcaldía de Luis H. Rodríguez no devolverá un solo peso del dinero esquilmado a los contribuyentes.
Luis Alberto Viana, abogado de Carlos Heberto Ángel, confirmó que se preacordaron 66 meses de prisión. “El preacuerdo con la apena debe ser sometido a control de legalidad ante un Juez de Conocimiento”, dijo.
Recordó que Carlos Heberto se entregó voluntariamente y “su interés es responder por sus actos”. “Él está dispuesto a colaborar en lo que sepa pues no va a inventar situaciones para obtener beneficios con mentiras”, dijo el abogado y agregó que el exfuncionario “se hace responsable de su conducta y asume las consecuencias”.
Similar situación ocurre con Amury Elías Blanquicet, testaferro de Orlando Arciniegas, y quien prestó sus empresas para ‘blanquear’ los dineros que Typsa le pagó al abogado como soborno por otorgarles las millonarias licitaciones.
Este ciudadano pagará seis años de cárcel y además es testigo de cargo contra Arciniegas y ha delatado a la Fiscalía buena parte de las andanzas del letrado.
Blanquicet, afirmó que Luis H. Rodríguez tenía conocimiento de los negociados de Arciniegas en el Imdri y las licitaciones, por las que habría pedido y recibido el 20 por ciento de las mismas.
Otro de los que no irá a juicio: el exdirectivo de Typsa Jorge Orlando Navarrete quien aceptó pargos y pagaría una pena de 103 meses de prisión.
Y para completar, Wilmer Manchola, otro prestanombres de Arciniegas, aceptó cargos en la primera audiencia del caso y espera el señalamiento de la condena.
La cereza del pastel: Orlando Arciniegas está amagando a aplazar su juicio mientras negocia con la Fiscalía un eventual principio de oportunidad. No se conoce la estrategia del abogado pero seguro es que no va encaminada a esclarecer los hechos, devolver dinero, o contar todo su compromiso en más de 20 años de corrupción en la que se trabó con gobiernos locales y departamentales, en complicidad con algunos dirigentes políticos.
Con el resto de acusados e indiciados no se sabe qué vaya a ocurrir.
La Fiscalía tiene el reto de juzgarlos, restituir el dinero y los bienes adquiridos con recursos públicos y que se sepa la verdad de lo que ocurrió con uno de los robos más descarados que se hayan perpetrado en la región en los últimos años.