Pinto, ‘habilitado’ en la sucesión del poder

Varias lecturas deja la suspensión de la sanción disciplinaria para Mauricio Pinto.

Una de ellas, es el inmenso poder de convicción, el lobby, la chequera, o todos juntos, desplegados por el gobernador Óscar Barreto, para lograr el archivo de la sanción para Mauricio Pinto, una persona muy cercana a su entorno, desde que Pinto descollara en lo público como candidato al Concejo de Ibagué, por el extinto Nuevo Partido, y Barreto buscara su segunda candidatura a la Alcaldía de la capital tolimense, en el año 2003.

Lo otro que podría pensarse es que Pinto está recorriendo el mismo camino que Barreto, que tras ser inhabilitado por la Procuraduría logró que el mismo organismo desestimara la sanción. En el caso del gobernador, se dio por irregularidades en la contratación de una vía en el norte tolimense.

Pero en el caso de Pinto, hay connotaciones más graves, pues siendo secretario general de la Gobernación se le captó en video pidiendo votos para el representante Carlos Edward Osorio, en una reunión con líderes y un alcalde del municipio de Palocabidlo.

El mensaje que manda la Procuraduría para los servidores públicos es que no importa cuánto se meta las manos en el erario, o se influya con presupuesto en los procesos electorales, pues a la larga con influencias y padrinos poderosos se logrará la reversa de las decisiones.

Es seguro que los argumentos del Ministerio Público para favorecer ahora a Mauricio Pinto son de toda índole menos jurídicos.

Además, no tiene presentación que Pinto esté haciendo campaña descarada desde que arrancó el segundo mandato de Barreto, en clara desventaja con el resto de aspirantes que se presenten en 2019; o si este está pensando en lanzarse a la Cámara con el apoyo de barretismo.

Pinto aparece en inauguración de obras, en caravanas a los municipios y se afirma que, sin tener atribuciones de contratista o funcionario, decide sobre temas de ejecución de presupuestos y nombramientos. Se dice que Mauricio Pinto quita y pone en el hospital de Honda, donde el gerente y hasta concejales de la localidad son de su cuerda.

Mal mensaje envía también el gobernador Barreto, con cuestionamientos y cuentas pendientes de su primera administración, pretendiendo imponer un candidato de su resorte, a caballo de la chequera oficial y sin que ningún ente de control o medio de comunicación le censure su proceder: hay que recordar que el contralor Edilberto Pava, es de bolsillo del mandatario y antiguo adherente a sus campañas.

Y sin olvidar que el primer contralor que tuvo Barreto, en el periodo 2008 – 2011, Freddy Camacho, adhirió al hoy gobernador en la campaña de 2015, dejando en claro con esa acción el tipo de control fiscal que ejerció, si es que lo ejerció, en su cuatrienio en el cargo.

El Tolima se debe levantar y rechazar en masa este tipo de candidatos cuestionados y sobre todo, impuestos por las camarillas y casas políticas que quieren adueñarse de todo, con una rosca de personajes que en nada han contribuido al desarrollo de la región. No todo vale en el ejercicio de la política, un apostolado de otros tiempos y de personas que algún día tuvieron dignidad y decencia.