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Arley Beltrán Díaz fue imputado de cargos en Ibagué.
Ante un juez de garantías de la capital tolimense la Fiscalía le imputó cargos al mandatario por la presunta comisión de los delitos de contrario sin el cumplimiento de los requisitos legales, y falsedad en documento público.
Horas antes el mandatario había sido capturado por unidades del CTI de la Fiscalía.
Según el organismo investigador la administración municipal realizó unos contratos en varias fiestas y ferias en esa población tolimense, con dos fundaciones que aparentemente fueron suplantadas, situación de la que se conoció en la Contraloría General de La Nación, donde se abrió investigación formal en contra de Beltrán Díaz.
Dos fundaciones que aparentemente tienen el mismo representante legal, a esta hora son investigadas por las autoridades colombianas, entre ellas se encuentra, Ferbinbi y Fundeco, de las que se dijo, aparentemente realizaron documentación falsa y sin control alguno y según la Contraloría General de la Nación, no existen soportes que puedan aclarar la situación.
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De acuerdo con las investigaciones, los representantes legales de la Fundación Ecológica Integral Creo en Ti y en la Fundación Ecológica Revolucionaria por la Diversidad y el Incremento de la Biomasa, manifestaron al ente de control, que nunca habían realizado alguna negociación con el municipio de Villarrica, además que nunca tuvieron en sus manos cheques a su nombre como producto de algún contrato suscrito con la administración municipal de ese municipio tolimense.
Es por ello que la Fiscalía asegura que el alcalde Arley Beltrán Díaz, habría cometido 27 veces el delito de falsedad al dar trámite de manera fraudulenta a los contratos con esas fundaciones.
Se estima que el monto de la defraudación alcanza los 240 millones de pesos.
Según el fiscal seccional de la unidad que tiene el caso, los hechos se presentaron durante el año 2016, cuando el imputado en calidad de mandatario del municipio tolimense, celebró 10 contratos de manera irregular, violando los principios de contratación tal y como lo exige la ley, ya que el tipo de contrato suscrito con supuestamente dos fundaciones, debieron haberse realizado mediante invitación pública y no por selección directa o a dedo, tal y como al parecer lo hizo el funcionario, ya que le dio los contratos a funcionarios de la entidad y a terceros, diferentes a las fundaciones que al parecer eran las cooperantes, por una suma cerca a los $281 millones.
Al hacer esto, suscribió actas de inicio de convenio de cooperación, minutas, y contratos de interés público con contenido falso, pues se logró comprobar que los representantes de las fundaciones jamás asistieron a las reuniones para firmar dichos documentos, las actas de inicio se firmaron tiempo después de haberse ejecutado los contratos por personas ajenas a las fundaciones que eran citadas en el convenio, entre otras irregularidades. Los contratos entre otros fueron para apoyar la logística y difusión de actividades como el Día de las víctimas, de los niños, fiestas del municipio y Día del Campesino.
En la audiencia, el mandatario no se allanó a cargos y un juez de garantías lo cobijó con alguna medida restrictiva de la libertad para hacerse efectiva en un centro de reclusión.
