¿Ibagué un lavadero?

Alex_Correa

Alexander Correa

El director de la Dian alertó sobre un progresivo lavado de activos en la ciudad, pero los empresarios, ni mucho menos los gremios económicos, salieron a desmentirlo. 

Al respecto, un empresario del sector inmobiliario de Ibagué indicaba que en la ciudad, el ochenta por ciento del comercio estaba permeado por algún tipo de ilegalidad; mientras que el porcentaje restante pagaba a tiempo y en las cuantías reales sus impuestos, no defraudaba con servicios públicos, y se preocupaba por invertir y generar más empleos. Eso decía el empresario, no quien escribe esta columna.

Recientemente, el diario El Nuevo Día, publicó un artículo titulado “Alarma de la Dian por lavado de dinero en Ibagué”, donde se indicaba que el director de la administración de impuestos y aduanas nacionales, Juan Ricardo Ortega “se mostró preocupado por la alta informalidad en los establecimientos comerciales y la posible existencia de lavado de dinero en Ibagué”. El mismo despacho de prensa recogía declaraciones del funcionario donde este habría advertido sobre “sospechosas compras de propiedades en la ciudad con dinero en efectivo”.

La pregunta que queda en el ambiente es ¿por qué la Cámara de Comercio, los gremios, Fenalco, las sociedades de ingenieros, de arquitectos, no salieron a protestar por estas declaraciones? ¿Se configura allí el adagio popular de “el que calla otorga”?

El lavado de activos, el testaferrato, y la implicación directa en el narcotráfico, es un tema que de tanto en tanto resurge en la ciudad. A finales del siglo pasado, y hasta bien entrada la década del año dos mil, Ibagué conoció una bonanza con la llegada del narco Eduardo Restrepo Victoria, ‘El Socio’. Pasados los años, es innegable que los dineros de este personaje se inyectaron en la economía lícita o ilícita de la capital tolimense, y que algunos empresarios, quizá de manera inocente y cándida, o conociendo de su origen, ayudaron a que esos capitales se blanquearan y permitieron una reactivación económica de la ciudad que llegó a liderar los índices de desempleo en Colombia. Ese oscuro episodio de la historia reciente, no ha sido aclarado ni ante la sociedad, ni ante los estrados judiciales, y la duda, perjudica no solo a los sospechosos, sino a quienes no habiendo tenido ninguna clase de vínculo o negocio, se les mete en el mismo saco.

Solo un puñado de dirigentes, empresarios, periodistas y abogados, tuvieron la entereza de denunciar la irrupción de la mafia en Ibagué, y fueron señalados, amenazados o vilipendiados. Otros los recriminaban por no recibir y porque “no dejaban trabajar”. Estoy hablando de Félix Eduardo Martínez, Antonio Melo Salazar, Luis Fernando Díaz Cabrera, Guillermo Alfonso Jaramillo, entre otros.

Ahora, la sospecha se actualiza con que en la ciudad se compran cuantiosas propiedades con dinero en efectivo. Lo que debe investigarse y aclararse es si lo están haciendo empresarios y ciudadanos locales, o si por el contrario, son elementos ajenos a Ibagué, provenientes de otras latitudes.

La ciudad, no puede quedarse pasiva, ni sus autoridades o gremios, ante la sospecha de inyección de dineros calientes en la economía local. No podemos caer de nuevo en la indiferencia en que si no hay investigaciones o condenas, hagamos oídos sordos a las alarmas que se encienden. Puede que a corto plazo se beneficien algunos, y haya estabilidad, empleo y riqueza, pero estaremos hipotecando el futuro de nuestros hijos que aspiran a vivir en esa villa ilustre que algún día fue la capital del Tolima.

Por: Alexander Correa C., contador público, periodista, autor.

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