A La Luz Pública – Noticias de Colombia La fuerza de la verdad
El tema de los letrados con familiares contratando, no es nuevo y viene de más atrás.
No solo por el hecho denunciado con la hija del magistrado Belisario Beltrán, quien lleva seis años contratando con el municipio, y a la que se le dio un nuevo contrato a mediados de abril, justo cuando el Tribunal Administrativo estudiaba la consulta minera para Ibagué. (Lea: los contratos de la hija del magistrado).
Otros magistrados también han tenido familiares contratando con la Alcaldía, no se sabe atendiendo a qué clase de intereses o favores.
Es el caso de Hugo Ernesto Mendieta Rodríguez, hermano del magistrado del Tribunal Administrativo Carlos Arturo Mendieta.
A este ciudadano, la Alcaldía de Luis H. Rodríguez, le otorgó entre los años 2013 a 2014, tres contratos que sumaron más de 16 millones de pesos, por concepto de asesorías en las secretarías de Hacienda y de Apoyo a la Gestión.
En esa época, al igual que ahora, se armó la polémica por cuanto el magistrado Carlos Mendieta fue el encargado de dirimir la ponencia que debía dar legalidad a la instalación de fotomultas en la ciudad.
Aunque el letrado se declaró impedido, el Tribunal no aceptó el mismo, y esta corporación terminó dejando sin piso jurídico el proyecto de las fotomultas.
Esposo de magistrada también contrataba
El abogado José Darío Ramírez Moreno, cercano al partido Conservador y ex Director de Fiscalías del Tolima, fue beneficiado con el contrato 439 de febrero de 2013, donde por $40 millones se le contrató para “la prestación de servicios profesionales de apoyo en asuntos de seguridad para la secretaria de gobierno del municipio de Ibagué”.
Ramírez, es el esposo de la magistrada del Tribunal Administrativo, Susana Nelly Acosta Prada.
Además, el abogado aparece mencionado en el escándalo del ‘carrusel de pensiones’ del Consejo de la Judicatura, donde por poco tiempo en el cargo, decenas de profesionales recibieron millonarias mesadas de jubilación. (Lea: los tolimenses con pensiones millonarias en la Judicatura).
Lo que queda claro y despierta más preguntas y suspicacias es que la mitad de los magistrados del Tribunal Administrativo (son seis), aparecen con familiares contratando en entidades públicas donde sus fallos tienen alta incidencia, y que al tener estas el lastre de los contratos, difícilmente se cree que puedan fallarse sin algún tipo de interés o descontaminados en grado sumo.
Ahora, diversos estamentos y hasta el procurador agrario Ernesto Cardozo, han pedido al magistrado Belisario Beltrán Bastidas, encargado de elaborar una nueva ponencia sobre la consulta minera, que se aparte del conocimiento de este tema, se declare impedido, y que sea otro magistrado el encargado de decidir si en Ibagué se va a prohibir o no la minería a gran escala; pero de una manera pulcra y decente, que al resto del conglomerado no le queden dudas sobre su fallo a la luz del derecho y de la decencia de juristas de otras épocas.
