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Antecedentes y sanciones cuando el alcalde de Ibagué ha escurrido el bulto.
Corría la Gobernación de Guillermo Alfonso Jaramillo (2001 – 2003) y en la administración, se produjo una reestructuración de personal y debieron salir de sus cargos varios empleados públicos y Alfredo Bocanegra, como gobernador encargado, firmó los decretos de retiro lo que motivó sendas demandas de reparación de los afectados.
Bocanegra ocupó la Secretaría de Gobierno en ese mandato luego de apoyar a Jaramillo y hundirse en su intento de llegar a la Asamblea del Tolima. Ya había sido concejal de Ibagué y fungió como presidente de la Corporación.
Una vez se produjo el pago de las indemnizaciones, se efectuó la acción de repetición de cobro contra Bocanegra, quien hace unos años tuvo que hacerle frente a esas acreencias con su propio patrimonio y realizando acuerdos de pago con el departamento.
Según registra la página de la Rama Judicial, Alfredo Bocanegra fue demandado por el Departamento del Tolima en una acción de repetición fallada en su contra y confirmada por el magistrado Ignacio Álvarez Silva. En otro proceso se le vincula con repetición en demanda elevada por la Gobernación y el municipio de Purificación.
En el sumario también está vinculada Maribel López Quintero, quien se desempeñó como secretaria de Tránsito de Ibagué en el arranque del actual periodo del alcalde, y ocupó el mismo cargo en la Gobernación hace más de 15 años.
Fuentes cercanas a ambos dirigentes confirman que en ese contexto, Bocanegra visitó a Jaramillo en Bogotá cuando este último trabajaba en el gobierno de Gustavo Petro (2011- 2015), para pedirle ayuda, pero al parecer el hoy alcalde dejó ‘colgado de a brocha’ a su antiguo funcionario, lo que motivó el enojo de varios años de dirigente conservador.
Desde entonces, ambos dirigentes han estado distanciados y en orillas opuestas de la política. Tan solo se les volvió a ver en el homenaje tributado en Ibagué a Alfredo Bocanegra cuando fue nombrado director de la Aeronáutica Civil.
Hace pocos días, Bocanegra cargó contra su antiguo aliado y empleador, acusándolo de promover un ‘carrusel de pensionados’ en el Congreso, entre los que se benefició a Nayid Salazar, el Chicote Arango, Juan Lozano Sánchez, y Ramiro Lima Peña. Asimismo pidió que se investigue la obtención de la pensión del propio Guillermo Alfonso Jaramillo.
“Sería muy bueno que el que impulse la lucha de clases no tuviera una pensión de 25 salarios mínimos por cuenta del Senado de la República y no tuviera propiedades en otras ciudades, es muy fácil decirle a una persona que pague impuestos cuando uno tiene su situación ya definida. Esa es la corrupción de la izquierda que quieren esconder, no, que se desnuden y que asuman el debate”, dijo en medios Alfredo Bocanegra.
¿Juan Espinosa por el mismo camino?
El actual secretario de Hacienda lleva dos strikes en el gobierno ‘con todo el corazón’ que lo podrían dejar con sanciones penales, disciplinarias y fiscales en algunos años y sacarlo del partidor electoral (fue candidato al Concejo y a la Cámara), donde regresaría luego de varios años de escampar en lo público.
Haberle dado posesión a Alberto Girón en la gerencia del Ibal cuando desde diversos sectores se afirmaba que el ingeniero tenía una sanción de la Contraloría vigente por varios años. Algunos abogados denunciaron lo sucedido en 2016 y están a la espera de las decisiones de organismos de control como la Procuraduría. El alcalde Jaramillo no apareció para firmar la posesión, pese a que Girón es cuota suya y del ‘Gran Hermano’, Mauricio Jaramillo.
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Firmar el acuerdo que autorizó solo un incremento del tres por ciento para la tarifa del impuesto Predial en Ibagué, luego de una escalada de alzas generada por una actualización catastral mal hecha, lo que motivó el rechazo de la ciudadanía y el ‘cacerolazo’ de miles de personas, ocurrido en febrero pasado.
Desde el Ministerio de Hacienda se conceptuó en el sentido que se incurriría en un presunto detrimento patrimonial si no se aplicaba la actualización del Igac a los contribuyentes. También se aseguró que el alcalde delegaba la función de rubricar el acuerdo del Concejo en Espinosa por motivos poco claros. «Apenas firme me van a demandar«, había advertido Jaramillo.
Pero Guillermo Alfonso Jaramillo no tendrá líos por ese motivo. Sus subalternos son los que afrontarán las consecuencias en las pasadas y venideras firmas apresuradas de decretos y actos administrativos a fin de mantenerse indemne de investigaciones y sanciones.
