Existen actitudes que no tienen discusión ni forma alguna de defenderse, al menos desde la ética y la moral. El expresidente Gustavo Petro representa algunas de ellas, y para muchos existen elementos de sobra que evidencian su desordenada vida personal. Obviamente, este es un tema que camina sobre una delgada línea de debate.
En los círculos del periodismo se suele citar una vieja reflexión (atribuida popularmente al semiólogo italiano Umberto Eco) que ilustra muy bien este límite: si un funcionario del gobierno gasta su propio dinero con amantes, no es un asunto de interés colectivo; en cambio, si dilapida dinero público en viajes privados con su esposa, se transforma de inmediato en un tema de interés general. Esa es la verdadera frontera entre una discusión estrictamente moral y un delito legal.
El problema con Petro radica en las denuncias que aseguran que ha utilizado su poder público, desde la época en que era senador, para buscar favores sexuales de mujeres. Aquí es donde cabe citar al maestro del periodismo Javier Darío Restrepo para entender por qué el comportamiento del exmandatario adquiere un interés periodístico genuino: «La vida privada del funcionario es suya; sus errores morales personales no nos incumben a menos de que use el poder del Estado para cometerlos o encubrirlos».
Sin embargo, el trasfondo de esta cacería de brujas contra Petro dista mucho de ser una legítima preocupación de la prensa por cuidar «la platica del pueblo». Todo parece girar en torno a una estrategia para desprestigiarlo a como dé lugar. Primero, porque sigue representando a una masa electoral abrumadora y, segundo, porque funciona como la distracción perfecta frente a los errores del actual gobierno.
Por supuesto que, al ser claramente cuestionables desde lo legal, a la justicia le corresponderá juzgar sus presuntas acciones. No obstante, me surge un pequeño interrogante: ¿Será él el único que termine pagando por gastar recursos públicos en favores afectivos cuando una gran mayoría de la clase política hace lo mismo?.
Si existiera una justicia divina, creo que el 80 por ciento de los políticos estarían tras las rejas. Cerca de 25 años de ejercicio periodístico me han servido para corroborar cómo las nóminas del sector público se llenan constantemente con las amantes de congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados y concejales.
Qué bueno sería vivir en un mundo donde un contrato laboral del Estado se otorgara exclusivamente a quien demuestre las competencias para el cargo.
Lamentablemente, la realidad es que eso hoy es una fantasía, y el ensañamiento actual va mucho más allá de salvaguardar la moral pública: busca acabar, de raíz, con lo que le queda de reputación a Petro.
Bien dice el refrán popular: “aquel político que esté absolutamente libre de pecado, que lance la primera piedra”.
Por: Andrés Leonardo Cabrera
Editor General.
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