¿Qué viene para los policías detenidos por la muerte de Santiago Murillo?

Imagen: tomada de Facebook.

Se enfrentan a procesos penales, administrativos y fiscales.

A ocho días exactos de que ocurriera el asesinato de Santiago Andrés Murillo, la propia Inspección de la Policía anunció la captura de dos oficiales, como presuntos responsables del homicidio.

Medios de comunicación informaron que los detenidos serían el mayor Jorge Mario Bedoya Molano, comandante de la estación de Policía Norte; y el teniente Pablo Andrés Parra Forero, comandante del CAI del Éxito. Ambos están adscritos a la Policía Metropolitana de Ibagué.

Abogados consultados hicieron un diagnóstico sobre el panorama legal de estos policiales, así como de otros que posiblemente pudiera estar involucrados en maniobras de ocultamiento o destrucción de pruebas:

1. Serían acusados del delito de homicidio agravado, agravado por las circunstancias de indefensión de la víctima, ya que este se encontraba desarmado y no representaba ninguna amenaza para los oficiales. Es claro que su libertad se verá restringida y dada la naturaleza del delito es poco probable que reciban beneficios como la detención domiciliaria o que no se vean afectados por alguna medida de aseguramiento.

2. También serían procesados disciplinariamente por la misma Policía, con sanciones que irían desde la destitución o separación de las filas. Idéntica situación tendrían que afrontar ante la Procuraduría General de la Nación.

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3. Es probable que se presente en el caso un conflicto de competencias, y que el homicidio termine siendo investigado por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar; ya que el asesinato de Santiago Andrés Murillo, si bien habría sido cometido (estando los indiciados en servicio, con uniformes  y armas de la Policía), fue ejecutado con premeditación y sin que la víctima representara ninguna amenaza para los presuntos responsables; lo que va en contravía del objeto misional de la misma Policía Nacional, que debe velar por «la vida, honra y bienes de los ciudadanos«.

4. De terminar el caso siendo investigado por la Fiscalía, sometido a juicio oral por parte de jueces de conocimiento, los responsables se harían responsables a penas que oscilan entre los 40 y los 60 años de prisión.

5. Tendrían que hacer frente con su patrimonio (bienes inmuebles, pensiones o salarios) a eventuales procesos administrativos donde la Nación y la Policía seguramente terminarán condenadas por la ejecución extrajudicial de Santiago Andrés Murillo.

Existe la figura de la acción de repetición donde el mismo Estado persigue el cobro de las sumas que ha pagado como parte de acciones de servidores públicos que incurran en actos dolosos o contrarios a la ley, como se enmarca en este caso el asesinato de Santiago Andrés Murillo.

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